San José
Durante 20 años, Acueductos y Alcantarillados (AyA) aplicó una fórmula errónea para calcular el pago del salario escolar de sus 3.200 empleados, lo que derivó en un sobrepago de al menos ¢2.300 millones.
Para pagar el salario escolar, cada institución retiene al empleado el 8,19% del salario mensual y, en enero, le entrega el equivalente a 12 deducciones.
En el AyA, sin embargo, desde 1996 la institución también les retuvo a los funcionarios el 8,19% del propio salario escolar que se paga en enero, aunque este no debe incluirse.
El error provocó que el salario escolar se calculara sobre 13 salarios base en vez de 12.
Según la Auditoría de la institución, el error obligó al AyA a pagar mayores cargas sociales y aguinaldos porque los salarios de enero eran mayores de lo debido.
Solo entre el 2002 y el 2015, la institución desembolsó ¢600 millones más por esos rubros.
En el caso del monto deducido de más a los empleados para pagarles el salario escolar, este sumó ¢1.726 millones para ese mismo periodo.
Aún no hay una estimación de las pérdidas que tuvo el AyA entre 1996 y el 2001, ni del daño que se causó a los empleados al deducirles de su salario el porcentaje adicional del 8,19%.
El yerro en la fórmula lo detectó la Auditoría Interna de la institución en octubre del año pasado, cuando solicitó el criterio de la Dirección General del Servicio Civil (DGSC) y de la Autoridad Presupuestaria.
Las dos oficinas consultadas confirmaron la existencia de un error el cálculo del salario escolar en el AyA.
La Auditoría interna le está pidiendo a la administración del AyA que recupere los dineros pagados en exceso a los empleados, aunque ese despacho reconoce que es irrecuperable, por los plazos transcurridos, una buena cantidad del monto pagado por salario escolar, cargas sociales y aguinaldos.
Usuarios afectados. El yerro también habría afectado las tarifas que cobra la institución a los consumidores porque el costo del servicio se calcula con base en diversos gastos de la institución, entre ellos, el pago de salarios.
El diputado Mario Redondo, de la Alianza Demócrata Cristiana (ADC), presidente de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público del Congreso, denunció el asunto como un caso de despilfarro de recursos públicos.
A raíz del error salarial cometido por la administración del AyA, el legislador pidió a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) que frene el aumento de las tarifas que está pidiendo el instituto.
"Este error debería ser un factor determinante para que la Aresep detenga el aumento de tarifas que está pidiendo AyA. No se vale que vaya a cargarle a los usuarios con un aumento en las tarifas los errores de una mala administración. No se vale que AyA haya cometido estas falencias y que al fin de cuentas siga el pueblo pagando las facturas de tantos errores", reclamó Redondo.
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En mayo pasado el AyA pidió un aumento de un 15% en el costo por metro cúbico de agua y un 40% por alcantarillado a partir del segundo semestre de este año.
La institución pidió que, en el 2017, el alza sea de un 35% en agua y de un 57,5% en el servicio de alcantarillado.
De ser aprobarse la solicitud, una familia que consuma 15 metros cúbicos (m³) de agua pagará ¢162 más mensualmente. Por alcantarillado, si el consumo es de ocho m³, desembolsará ¢1.295 más.
Según AyA, con el incremento recaudaría ¢57.186 millones más que destinaría a financiar varias inversiones. El monto es un 23% mayor al que el AyA reporta actualmente por concepto de las tarifas que pagan 652.000 abonados; un 82% de estos son hogares.
La propuesta escalonada de aumento tarifario fue a audiencia pública a finales de mayo pasado.
ADC fue el único partido político que asistió a la audiencia para oponerse al alza.
"Esto definitivamente ha incidido en el pago de agua potable y de alcantarillado. Queremos evidenciar este error que, tememos, no es exclusivo, no es el único error de manejo administrativo y evidencia un desorden importante en el manejo de temas claves de administración en el AyA y en otras instituciones públicas", se quejó el diputado Redondo.
Él ya le pidió a la Contraloría General de la República que intervenga para determinar la forma de actuar en el caso de presunto desorden en la administración del AyA.
A la espera de informe. La Nación solicitó una entrevista con la presidenta ejecutiva del AyA, Yamileth Astorga, para consultar qué ha hecho el actual gobierno para frenar el error en el pago del salario escolar.
No obstante, su asistente indicó que la jerarca no se referiría al tema por ser este de carácter administrativo.
Por su parte, el gerente general de la institución, José Alberto Moya, dijo que está a la espera de un informe de la Auditoría interna del AyA para determinar qué se hará respecto del caso del salario escolar.
No obstante, el funcionario dijo que el Instituto está al tanto de la situación porque el auditor interno, Alcides Vargas, lo comentó durante una sesión de Junta Directiva.
"El estudio de auditoría aún no ha salido y yo no podría confirmar que esta situación, de que se está pagando mal (el salario escolar) sea correcta o no hasta que tengamos el resultado de ese estudio. Según lo que me dice la Dirección de Capital Humano, se ha venido pagando de la misma manera desde 1996 y hasta ahora no teníamos ningún cuestionamiento sobre ese pago o sobre la forma en que se calcula el salario escolar", manifestó Moya.
El gerente negó que los errores en el cálculo del salario escolar se deban a manejo rudimentario de las planillas de la institución o a fallas de un sistema informático que le costó a la entidad unos ¢300 millones y que entró en funcionamiento hace un año y que, según Moya, ha trabajado normalmente.
El salario escolar para el Sector Público es producto de un decreto de 1994 en el que se otorgó a los funcionarios un ajuste salarial porcentual adicional al incremento por costo de la vida.
Ese plus de un 8,19% del salario lo retiene el Gobierno para pagarlo de forma acumulativa a los empleados cada enero, con el objetivo de que tengan un disponible para hacerle frente a la compra de útiles y uniformes escolares de sus hijos.
Según la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda, el salario escolar no puede computarse como un salario ordinario, ni mucho menos como un pago extraordinario, como ocurrió en el caso del AyA.