El Proyecto de Ley de Eficiencia en la Administración de los Recursos Públicos es la segunda iniciativa que logra salir con un dictamen positivo de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa.
Ayer, a las 4:33 p. m., los 11 diputados de ese foro parlamentario levantaron sus manos para dar el sí al avance de la propuesta, la cual le permite al Estado recuperar los dineros públicos subejecutados y utilizarlos en el pago de la deuda pública.
En su artículo 5, la iniciativa plantea que todas las instituciones con ingreso de dineros públicos disponen de un máximo de dos años para ejecutar los recursos asignados a proyectos específicos.
Al finalizar ese plazo, los montos subejecutados volverán al Presupuesto de la República para amortizar deuda.
Según el viceministro de la Presidencia, Luis Paulino Mora, el proyecto de ley conlleva otro objetivo, que es el de exigir una mayor eficiencia de las instituciones del Gobierno Central, las instituciones descentralizadas y todo ente con participación minoritaria del Estado en el uso del dinero público.
Acuerdo. La aprobación del expediente número 19.555 se dio luego de un acuerdo entre los legisladores de los seis partidos políticos representados en la Comisión de Hacendarios, que se citaron en una sesión extraordinaria para finiquitar el trámite de la propuesta de ley.
El plan inició su camino hace casi un año, en abril del 2015, y le permitiría al Ministerio de Hacienda utilizar los dineros ociosos que, al cierre del 2014, llegaban a ¢660.000 millones.
Según lo expuesto por Hacienda en el resumen del plan, en Costa Rica se ha incrementado el déficit fiscal y la deuda pública como resultado de un estancamiento en los ingresos totales, a la par de un crecimiento de los gastos.
“Es de gran importancia considerar que los recursos que permanecen en caja única han sido contabilizados en este déficit y, al cierre del 2014, los saldos acumulados tienen una relación del 2,2% respecto al PIB”, explican las autoridades hacendarias.
Por otra parte, la iniciativa es apenas una pequeña parte del paquete de las reformas enfocadas en mejorar el gasto del Estado, con el fin de sanear las finanzas y pedir un incremento de los impuestos.
La presidenta del foro hacendario, la socialcristiana Rosibel Ramos, aseguró que una vez vigente como ley, esta normativa presionará a las instituciones a ser más eficientes y a sus jerarcas a estar pendientes de los procesos de licitación de la obra pública y contratación administrativa.
El aval tuvo lugar luego de que legisladores como José Ramírez, del Frente Amplio; Abelino Esquivel, de Renovación Costarricense, y Jorge Rodríguez, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), agradecieran a los asesores que les hicieron el trabajo para votar la iniciativa, producto de un consenso entre los seis partidos políticos.
Por no tratarse de incrementos en la carga de impuestos ni la mejoría en la lucha contra el fraude fiscal, el plan también contó con el apoyo de Otto Guevara, del Movimiento Libertario.
Al avanzar hacia el plenario, la iniciativa de ley aún tiene que superar las etapas finales de presentación de mociones de fondo y las votaciones en primero y segundo debate, antes de convertirse en ley de la República.