El tercer presupuesto extraordinario del 2020, que contiene un ahorro de ¢44.000 millones producto de un menor pago de intereses en la colocación de bonos de deuda pública, avanzó este jueves en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa.
Los diputados del foro rechazaron diez mociones del frenteamplista José María Villalta, las cuales planteaban incorporar al gasto público ¢32.150 millones de ese ahorro.
En un principio, el Gobierno pretendió gastar ese dinero, pero la oposición lo frenó.
Villalta propuso que se restituyeran ¢11.000 millones a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), para mitigar la caída de ingresos en la base mínima contributiva y a pensiones para personas en pobreza; ¢10.000 millones al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y ¢7.000 millones al Conavi.
Al mismo tiempo, propuso que otros ¢2.000 millones se reintegraran al Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad (Conapdis), ¢1.500 millones al Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam) y ¢925 millones a cultura, de ellos ¢275 millones al Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart).
La idea del frenteamplista era reponer parte de los ¢44.000 que los diputados recortaron durante el dictamen de este tercer presupuesto presentado por el Gobierno que, en un principio, era de ¢93.000 millones.
Sus iniciativas fueron rechazadas una a una por legisladores de los partidos Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Restauración Nacional (PRN), Republicano Social Cristiano (PRSC) y del bloque Nueva República.
A ellos también se sumaron las legisladora Nielsen Pérez y Catalina Montero, del Partido Acción Ciudadana (PAC), pese a que, hace tres semanas, Pérez y su compañera de bancada Laura Guido habían cuestionado el recorte.
Ambas habían defendido el plan del Gobierno de incorporar esos recursos al gasto social y al gasto de capital en tiempos de pandemia.
Incluso, ambas legisladoras habían presentado cinco mociones para reponer ¢19.415 millones del recorte y destinarlos a la CCSS, al IMAS, al Conavi y al Ministerio de Cultura.
Sin embargo, las iniciativas fueron retiradas de la comisión este miércoles. Una sexta moción de Guido, Pérez y el socialcristiano Oscar Cascante, ya había sido retirada del expediente hace una semana.
Esa propuesta autorizaba rebajar ¢11.415 millones del servicio de la deuda y destinarlos a gasto corriente del Ministerio de Educación Pública (MEP), pero a la vez sumaba un movimiento entre subpartidas de la misma cartera por ¢9.571 millones, para un total de ¢21.000 millones.
Guido explicó que esa moción fue retirada por un error “menor”, para “hacer la corrección y presentarla ya corregida en el segundo día de mociones vía 137″.
“En la parte de atrás de la moción se tiene que incluir la indicación de la relación de puestos, o bien, de las plazas puntuales afectadas (beneficiadas) en la moción, advertido por el Departamento de Análisis Presupuestario de la Asamblea Legislativa”, explicó.
De hecho, el MEP se había quejado porque, en la reducción, le eliminaron ¢3.800 millones para el pago de anualidades, aguinaldos y compensaciones por demandas judiciales, incluidos montos por salario escolar.
Hacendarios también rechazó dos iniciativas del PAC que pretendían flexibilizar el inciso 7 de la norma 12 del presupuesto nacional 2020, el cual restringe la contratación de plazas vacantes, salvo aquellas en instituciones relacionadas con la atención a la pandemia.
Esa misma norma obliga a Hacienda a retirar el contenido presupuestario y el código de esas plazas del Presupuesto Nacional, siempre que no se hayan utilizado durante el primer semestre de este año.
Con la discusión de hoy, el texto del tercer presupuesto extraordinario superó el primero de dos días de revisión a través del trámite de mociones de fondo. En el caso de Villalta y el PAC, aún tiene posibilidades de reiterar sus propuestas en el plenario, previo a la votación en primer debate.
De los ¢51.000 millones del ahorro, ¢40.000 millones provienen de la colocación de ¢1,8 billones (millones de millones) de bonos de deuda interna a un interés menor al proyectado, (6,6% en vez de 9,9%).
Otros ¢11.000 millones se obtuvieron por la colocación de eurobonos en el mercado externo, también con menores tasas.
En una comparecencia en Hacendarios, a inicios del mes de octubre, la jerarca de la CGR, Marta Acosta, recomendó no financiar gasto corriente con ese ahorro de intereses "porque ya estamos en una situación (fiscal) muy compleja, pero la situación que se nos viene es peor aún si no empezamos a tomar medidas ya”.
El resto del contenido del presupuesto quedó igual:
-¢31.186 millones, provenientes de un crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI), servirán para amortizar la deuda del Gobierno con la CCSS.
-¢7.200 millones irían a la CNE.
-¢1.040 millones, provenientes del diferencial en el precio de los combustibles, sería para financiar bonos Proteger.
-¢9.691 millones para transferencias de gasto corriente del Ministerio de Educación Pública (MEP).