Las autobuseras redujeron la frecuencia de sus viajes en el último año sin bajar los pasajes que cobran a los usuarios, pese a que incurrieron en menores costos de operación. Así lo hicieron gracias a un acuerdo del Consejo de Transporte Público (CTP).
En agosto del 2021, un acuerdo del CTP permitió a las empresas de buses disminuir las carreras y las unidades hasta en un 30% por un plazo de 12 meses, con motivo de la pandemia. Recientemente, el pasado 1.° de setiembre, el Consejo de Transporte renovó esta autorización por un año más.
Sin embargo, la disminución del servicio, hace un año, se produjo sin que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) se enterara, lo que impidió a esta entidad hacer estudios técnicos para fijar nuevas tarifas acordes con los costos operativos reducidos. Más bien, se han aprobado incrementos extraordinarios por variaciones en costos como los precios del petróleo.
La situación la confirmó La Nación mediante entrevistas al intendente de Transportes de la Aresep, Edward Araya Rodríguez, y a la directora técnica del CTP, Aura Álvarez Orozco.
En servicios públicos, las tarifas se calculan bajo el principio de servicio al costo. Una frecuencia inferior de viajes requiere, por ejemplo, menos combustibles y menos costos laborales, mientras que una menor flotilla requiere menores costos de mantenimiento. No obstante, en este caso, las tarifas no fueron tocadas.
Solo en un caso, en el de la ruta 120, San José-Los Guido de Desamparados, la Aresep supo que las carreras habían sido disminuidas en un 20%, manteniendo la misma flotilla. Se dio cuenta en el trámite de una solicitud ordinaria de ajuste de tarifas.
En consecuencia, a mediados de este 2022, la Aresep ordenó rebajar el pasaje de ¢570 a ¢405. Una vez que la concesionaria retome el 100% de los viajes, la tarifa subiría a ¢465.
Como el CTP no ordenó a los autobuseros informar de sus nuevas frecuencias, este órgano adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) no tiene datos sobre cuáles empresas se acogieron a la medida, aunque, según la directora técnica del Consejo, “probablemente” casi todas lo hicieron.
La vicepresidenta de la Cámara Nacional de Transportes, Silvia Bolaños Barrantes, argumentó que las empresas tampoco pidieron aumentos tarifarios.
El Consejo de Transporte Público pudo constatar, en sitio, por quejas de los usuarios, una reducción en el servicio de algunas empresas.
El permiso concedido a los autobuseros no se fundamentó en razones técnicas, pues Álvarez confirmó que no se elaboró un estudio, como sí se hizo para el acuerdo del 1°. de setiembre mediante el cual se renovó la autorización.
La funcionaria desconoce los motivos por los cuales no se solicitó su criterio en el 2021. Dijo que el acuerdo se adoptó a nivel de Junta Directiva y del anterior director ejecutivo, Manuel Vega.
Las condiciones básicas, para reducir la frecuencia de viajes, son que las empresas de buses mantuviesen la primera y última carrera, informaran a los usuarios y que la reducción sea proporcional por hora de servicio.
El CTP renovó esta autorización un año más, pero esta vez con base en el criterio del Área Técnica, el cual recomendó adoptar un nuevo acuerdo, pero en este caso con el argumento del desempleo y el teletrabajo.
‘No tuvimos control’
Consultado sobre las tarifas que se aplicaron durante este permiso, el intendente de Transporte de Aresep, Edward Araya, afirmó que el órgano regulador no contempló en las tarifas los nuevos esquemas operativos que autorizó el CTP. “No tuvimos control”, señaló.
Según el intendente, la autorización se hizo a discreción, sin la obligación de informar a las autoridades reguladoras, por lo que la Aresep fijó tarifas a “ciegas”.
Prueba de ello es que el segundo acuerdo, del 1°. de setiembre, sí obliga a los concesionarios a someter a conocimiento del CTP todo el nuevo esquema operativo para informarlo a la Junta Directiva.
Aura Álvarez, directora técnica del Consejo, indicó que para este año los autobuseros tienen que someter a conocimiento del CTP el nuevo esquema, y que la decisión de otorgarlo se hará mediante la Junta Directiva, que informará a la autoridad reguladora para que se realicen los ajustes.
Hasta ahora, ninguna empresa se ha acogido al nuevo esquema, bajo el nuevo acuerdo, que sí tiene esa exigencia de someterlo a conocimiento de las autoridades.
Según Araya, a excepción de la ruta de Los Guido Desamparados, la Aresep no recibió información de ningún ajuste en el esquema operativo, por lo que las tarifas se mantuvieron como si estuvieran operando al 100%.
Ante esa situación, una de las medidas que tomó la Autoridad fue dejar claro en las resoluciones de ajustes tarifarias que el precio fijado corresponde a un esquema operativo normal, por lo que de mantener la concesión especial tendría que ser fijado otro precio.
Luego de un aumento en los pasajes por el costo del diésel, el Gobierno planteó, en mayo, un subsidio para los usuarios de $200 millones, financiado por un crédito del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y que se canalizaría a través de los mismos autobuseros, iniciativa que está en estudio.