El Instituto Nacional de la Mujer (Inamu) carece de datos que permitan medir y mejorar la eficacia del protocolo interinstitucional para atender a las víctimas de violación sexual en las primeras 72 horas de ocurrido el evento.
La aplicación del protocolo durante las primeras 72 horas es de suma importancia para mermar la probabilidad de infecciones por Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y enfermedades de transmisión sexual (ETS).
También, permite impedir el embarazo no deseado producto de la violación, suministrándole a las víctimas que lo avalen la pastilla del día después; además, la atención en las primeras horas posteriores a la agresión facilita la obtención de evidencias como ADN para la investigación penal.
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No obstante, cuando la Contraloría General de la República efectuó una auditoría para medir la eficacia del protocolo en el periodo 2019-2021, encontró que este se maneja mediante un grupo de Whatsapp al que llegan los mensajes de las instituciones involucradas.
Este protocolo es parte del Sistema Nacional de Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres, donde la institucionalidad pública coordina esfuerzos para erradicar la violencia contra las mujeres.
Laley le confiere al Inamu la Secretaría Técnica del protocolo, encargándole la conducción técnica y política.
Sin embargo, la auditoria de la CGR detectó que los únicos datos disponibles son conversaciones de WhatsApp, ya que no existen más respaldos ni información que la archivada en esa plataforma, por lo que no se posee evidencia para la toma de decisiones.
“La información disponible se encuentra en la herramienta WhatsApp, en conversaciones de los Equipos de Respuesta Rápida a Víctimas de Violación (ERRVV), lo cual no se constituye como una fuente formal que permita obtener evidencia suficiente y pertinente conforme a los estándares técnicos del proceso de auditoría.
“Adicionalmente, ante gestiones posteriores del equipo de trabajo, la Administración indicó que otra posible fuente de información son los expedientes penales; sin embargo, no se garantiza la existencia de información y evidencia suficiente y pertinente acerca de la aplicación del referido Protocolo”, dijo la CGR.
“Se carece de una medición de eficacia en la aplicación del protocolo correspondiente, pues la institucionalidad pública es omisa en cuanto a la disponibilidad de la documentación correspondiente para esos efectos, lo cual se constituye en una limitación para la toma de decisiones oportuna y efectiva en materia de atención de casos de violación”, detalló la auditoria.
Al respecto la Contraloría llamó al Inamu a implementar, con el acompañamiento técnico de la Secretaría Técnica de Género y Acceso a la Justicia del Poder Judicial, una herramienta que consolide la información sobre las acciones de aplicación del protocolo por parte de las instancias participantes.
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Esto permitiría generar estadísticas de cada institución, así como indicadores de monitoreo de cada instancia, para asegurar que la política pública rinda resultados.
En relación con el protocolo de las primeras 72 horas, el Inamu indicó que es una buena práctica que ha impulsado el Poder Judicial, que es la autoridad que investiga los casos de violación.
“Coincidimos en que se pueden mejorar el manejo de datos estadísticos, pero lo destacable es que, ante las circunstancias, aun sin normativa expresa que lo obligue, el Poder Judicial ha hecho un significativo esfuerzo por dotar al personal de herramientas para dar este servicio, importantísimo y sensibilizar a sus funcionarios y funcionarias.
“Actualmente, un proyecto de ley persigue institucionalizar dicho protocolo para garantizar su permanencia y mejoramiento”, acotó el instituto.
Deficiencias en combate contra violencia
El sistema informático que utiliza el Inamu para prevenir y atender casos de violencia de genero posee “información incompleta” acerca del cumplimiento de metas, lo que impide conocer el avance real de las acciones que realiza ese instituto.
Falta información que caracterice a las poblaciones en condición de vulnerabilidad para la implementación de un enfoque de interseccionalidad.
Según indicó el ente contralor, se debe de contar con el perfil de las personas, especialmente las que tienen una condición de mayor vulnerabilidad para ser víctima de violencia, tales como género, etnia, clase y orientación sexual.
Asimismo, la auditoria alertó sobre la ausencia de evaluaciones por parte del Inamu, lo que limita la toma de decisiones para el logro de los resultados.
En el período fiscalizado (2019-2021), la CGR concluyó que se cumplió con menos del 70% de las metas de la Política nacional para la atención y prevención de la violencia contra las mujeres.
Inamu presentó decreto y proyecto de ley
Según indicó el Inamu a La Nación, la institución es conscientede las debilidades detectadas por la auditoría.
El Instituto aseguró que emitió el decreto 43771- MSP-MJP-MTSS-MCM en octubre del 2022, sobre la estrategia “Ruta de Género”, donde se encuentran varios programas para contrarrestar carencias que la administración en el Inamu.
“Entre las acciones amparadas en este decreto, se incluyen la instalación de Puntos Violeta y Espacios Seguros, en que se involucran empresas e instituciones públicas para combatir la violencia contra las mujeres, entre otras. Además, a nivel interno, se ha impulsado un proceso de reestructuración integral que busca fortalecer los servicios de atención que brinda la institución”, indicó.