Con el voto unánime de los 48 diputados presentes en el plenario, la Asamblea Legislativa aprobó este martes, en segundo debate, la ley para castigar las extorsiones relacionadas con los créditos gota a gota. La iniciativa añade un artículo 214 bis en el Código Penal.
La pena será de cuatro a ocho años para quienes empleen amenazas e intimidación para obligar a un deudor o a sus familiares a pagar, ya sea que lo hagan de forma personal, mediante terceros o alguna otra forma de comunicación.
El castigo oscilará entre cinco y 10 años si la amenaza o intimidación se dirige contra menores de edad, adultos mayores o personas en condición de vulnerabilidad, o bien, si participan dos o más personas en el delito. La sanción se agravará si existe agresión física o psicológica a la víctima, si se emplean armas o se causan daños a la propiedad.
La sanción se elevará más, a un rango entre ocho y 15 años de prisión, si la extorsión puede calificarse como operación del crimen organizado, porque lo cometan bandas estructuradas y sistemáticas, según lo establecen las normas internacionales y la ley contra la delincuencia organizada.
La ley la plantearon los diputados Gloria Navas y Gilberth Jiménez, de los partidos Nueva República (PNR) y Liberación Nacional (PLN).
Luego de la votación definitiva, la iniciativa pasará al Poder Ejecutivo para recibir la firma de la Presidencia de la República y que se publique en el diario oficial La Gaceta.
Los préstamos gota a gota se caracterizan por exigir a los deudores el pago de altísimas tasas de interés, que se vuelven impagables para las personas que recurren a ellos en situaciones de apremio económico, lo que finalmente hace que los cobros sean extorsivos.
Los prestamistas suelen recurrir a prácticas intimidatorias, amenazas graves, privación de la libertad o la provocación de lesiones graves para obligar al pago de las deudas. Es una modalidad de préstamos que suelen utilizar organizaciones delictivas para legitimación de capitales.
El liberacionista Gilberth Jiménez aseguró que la iniciativa busca crear instrumentos para proteger a las víctimas de este tipo de extorsión y darles la posibilidad de denunciar, pero sobre todo proteger sus vidas.
Luego de que congresistas de todas las fracciones destacaron su trabajo para impulsar la iniciativa, la diputada Gloria Navas enfatizó que se realizó una labor colectiva, desde la propuesta que planteó el Colegio de Abogados, a través de su Comisión de Seguridad y Narcotráfico, pero que también pasó por la mesa de trabajo conformada por los presidentes de los tres poderes de la República, Rodrigo Chaves (Poder Ejecutivo), Rodrigo Arias (Poder Legislativo) y Orlando Aguirre (Poder Judicial).
También, la vicepresidenta del Congreso recordó que el órgano parlamentario sobre seguridad escuchó criterios expertos y trabajó arduamente por mejorar al máximo la iniciativa legal, uno de los proyectos más relevantes de la agenda para combatir la criminalidad.
“Pero con leyes no vamos a resolver todo el problema. La prevención es fundamental, como también lo es completar los proyectos de la ley penitenciaria y la de ejecución de la pena, en que se está trabajando de manera intensa y responsable”, indicó Navas.