La cúpula del Congreso suspendió el retiro anticipado de cuatro jefas de departamento, que se habían acogido al plan de movilidad laboral.
El Directorio legislativo frenó el proceso a la espera de que la Procuraduría General de la República (PGR) emita un criterio.
Si bien el abogado del Estado ya había dicho en una respuesta al diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Ottón Solís, del pasado 12 de febrero, que no se pueden suprimir esas plazas de jefatura porque resultan imprescindibles para el quehacer legislativo, la misma no satisfizo a todas las partes en Cuesta de Moras.
Ese pronunciamiento fue acogido por el Departamento de Asesoría Legal del Congreso pero rechazado por la División Legislativa.
Ante esa disyuntiva, la cúpula legislativa solicitó un nuevo informe a PGR, pero esta vez que sea de carácter vinculante para evitar nuevas divergencias, así consta en un oficio que envió el pasado 25 de marzo la entonces directora ejecutiva a. i. de la Asamblea Legislativa, Gloria Valerín.
"La respuesta a don Ottón no es de acatamiento obligatorio, entonces estamos pidiéndole a la Procuraduría que se pronuncie y nos diga cómo actuar en ese sentido (…). Yo soy del criterio que la Procuraduría se equivocó y debe remendar el error", expresó Valerín.
La oficina de prensa de la Procuraduría confirmó que el tema está en estudio pero que todavía no se emitirá un pronunciamiento, pues primero quieren conocer el criterio del Servicio Civil y de la Autoridad Presupuestaria.
A la espera de ese nuevo informe, el Directorio suspendió el despido de dos jefas del departamento de Comisiones Legislativas (Silma Bolaños y Hannia Durán), una de Servicios Parlamentario (María Antonieta Naranjo) y de otra de la División Legislativa (Haydee Hernández).
Ellas forman parte del grupo de 27 funcionarios legislativos a quienes la cúpula del Congreso les autorizó acogerse al plan de retiro anticipado, que tiene como objetivo suprimir sus plazas y así ahorrar en gastos de planilla, pero que implica que a cada funcionario se les premie con el pago de ocho años de cesantía de más, a parte de los ocho ya establecidos por ley.
Denuncia. Por autorizar la movilidad laboral de esas cuatro funcionarias, el Directorio legislativo también enfrenta una denuncia ante la Procuraduría de la Ética. Un ciudadano —cuyo nombre no trascendió, por ser confidencial— cuestionó la legalidad de ese trámite, que podría catalogarse como una desviación de poder.
La queja aún está en estudio de admisibilidad, aunque la investigación está suspendida, pues primero quieren esperar a que la Procuraduría General emita su criterio, según informó la oficina de prensa de esa entidad.
A la fecha, 23 funcionarios legislativos ya se acogieron a ese plan de movilidad laboral, más las otras cuatro que están a la espera.
Según el director ejecutivo del Congreso, Edgar Ayales, la eliminación del salario de esos 23 colaboradores que se acogieron voluntariamente al plan, generará al mes un ahorro de ¢50 millones, pues en promedio cada uno de ellos devengaba un sueldo de ¢2.174.000.
Por la liquidación de ese personal, la Asamblea tuvo que desembolsar aproximadamente ¢300 millones.
"En seis meses vamos a recuperar la inversión, al año el ahorro será de ¢600 millones, si incluimos las cuatro plazas de jefatura que están pendientes, el ahorro sería de ¢900 millones. Son de las plazas más caras de la institución", explicó Ayales.