Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate reducción de la deuda política

Reducción en contribución estatal a campaña alcanza los en ¢18.000 millones.

Este artículo es exclusivo para suscriptores (3)

Suscríbase para disfrutar de forma ilimitada de contenido exclusivo y confiable.

Subscribe

Ingrese a su cuenta para continuar disfrutando de nuestro contenido


Este artículo es exclusivo para suscriptores (2)

Suscríbase para disfrutar de forma ilimitada de contenido exclusivo y confiable.

Subscribe

Este artículo es exclusivo para suscriptores (1)

Suscríbase para disfrutar de forma ilimitada de contenido exclusivo y confiable.

Subscribe

San José

De forma unánime, 39 diputados aprobaron en segundo y último debate el proyecto para reformar el Código Electoral para recortar en ¢18.000 millones el monto de la contribución del Estado a la campaña política 2014.

No obstante, para que el recorte pueda regir durante la próxima campaña, el plan debe ser firmado por la presidenta de la República, Laura Chincilla y publicado en el diario oficial La Gaceta antes del 2 de octubre.

En esa fecha el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) convocará oficialmente a elecciones presidenciales y debe contar con todo el marco normativo que regirá el nuevo proceso electoral.

El presidente del Directorio Legislativo, Luis Fernando Mendoza, del Partido Liberación Nacional (PLN), indicó que este jueves tomó todas las previsiones para que el plan no sufra ningún retraso y cumpla a tiempo con los dos pasos que aún tiene pendiente para convertirse en ley.

Durante el corto debate de este jueves, los diputados hicieron énfasis en que la reducción de ¢43.000 a ¢25.000 millones de la deuda política debe convertirse en una reforma a la Constitución Política para que en adelante todos los procesos electorales se financien con el 0.11% del Producto Interno Bruto (PIB) y no con el 0.19% actual.

Además, los legisladores del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), hicieron un llamado a la Sala Constitucional para que resuelva lo antes posible dos acciones de inconstitucionalidad que impiden a los partidos emitir bonos de deuda política para financiar la próxima campaña política.

Para subsanar esa circunstancia, el TSE decidió dar permiso a los partidos para que firmen contratos de fideicomiso con el sistema bancario nacional para acceder a créditos que les permitan costear los gastos de campaña.