Los diputados votaron en primer debate, la tarde de este martes, una reforma a la Constitución Política para establecer las faltas al deber de probidad como una causa de pérdida de la credencial de legisladores.
La iniciativa, tramitada bajo el expediente 19.117, recibió el voto favorable de 38 legisladores, mientras que cuatro estuvieron en contra.
A favor votaron los partidos Liberación Nacional (PLN), Acción Ciudadana (PAC), Unidad Social Cristiana (PUSC), Movimiento Libertario, Restauración Nacional, Alianza Demócrata Cristiana, uno de los dos legisladores de Renovación Costarricense y parte del Frente Amplio, así como los tres independientes.
Los tres votos negativos provinieron de los disidentes del Frente Amplio, Jorge Arguedas, Ligia Fallas y José Ramírez, además de Abelino Esquivel, de Renovación.
El diputado del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE), Óscar López, estuvo ausente de la votación.
Se trata de una modificación hecha en el artículo 112 constitucional, donde se introduce un nuevo párrafo, que dice así:
"Los diputados cumplirán con el deber de probidad. La violación de ese deber producirá la pérdida de credencial de diputado, en los casos y de acuerdo con los procedimientos que establezca una ley que se aprobará por dos tercios del total de los miembros de la Asamblea Legislativa."
Esa nueva obligación de los congresistas permitirá que el Congreso sancione a diputados que abusen de sus funciones o utilicen sus poderes como miembros de la Asamblea para beneficio suyo o de cercanos.
Por la inexistencia de ese artículo, se quedaron sin castigo casos como el Maureen Ballestero, exlegisladora de Liberación Nacional que usó una avioneta de la Fuerza Pública para asistir a actividades electorales en el 2009, y el del también verdiblanco Fernando Sánchez, quien colaboró en la redacción de un memorando, junto con el ex vicepresidente Kevin Casas, al entonces presidente Óscar Arias, donde sugería como estrategia atemorizar a funcionarios públicos para que apoyaran el Tratado de Libre Comercio con estados Unidos.
Los casos más recientes son del libertario Otto Guevara y del independiente Víctor Morales Zapata, a quienes la Procuraduría General de la República recomendó que se les abriera un proceso sancionatorio, por haber usado sus potestades para hacer gestiones a favor del importador del cemento chino, Juan Carlos Bolaños, quien hoy descuenta prisión preventiva.
Tal como lo establece la legislación, una reforma constitucional recibe primer debate, se va a consulta obligatoria en la Sala Constitucional y regresa para un segundo debate en la misma legislatura en que se aprobó.
Luego, la reforma debe ser mencionada por el presidente de la República dentro de su mensaje al Congreso, el 2 de mayo, y regresar al plenario para que reciba tres debates y que pase a firma y publicación, con lo que alcanzará su integración definitiva dentro de la Constitución Política.
Antes de que la pérdida de credencial sea un riesgo real para los congresistas, la Asamblea deberá aprobar modificaciones dentro del Reglamento legislativo que hagan operativa dicha modificación y establezcan el debido proceso por el cual un diputado podría perder la curul.
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