A pesar de que la iniciativadel impuesto a las personas jurídicas se tramitó por la vía rápida, los diputados cerraron las puertas de la Asamblea Legislativa ayer con esa tarea pendiente.
Con esa decisión se torna más difícil que los cuerpos de seguridad del Estado reciban recursos provenientes de ese impuesto, que se desglosaría así: un 90% al Ministerio de Seguridad, un 5% al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y un 5% al Ministerio Público.
En una sola sesión mañanera, tal como lo ordenaba el mecanismo de vía rápida aprobado en noviembre, se conocieron todas las mociones pendientes, sin discusión, y así empezó el debate por el fondo.
Sin embargo, nadie quería quedarse fuera de la lista y, antes que darle primer debate al plan, los diputados prefirieron usar la palabra para reclamar por los que han atrasado la votación y, con esto, dilatar el momento de la decisión.
Cada legislador tiene diez minutos para dar un discurso de fondo y expresar su posición sobre el proyecto de ley. Al cierre (12:45 p. m.), había 15 en lista.
Cobro detenido. El proyecto de ley, con el expediente 19.818, revive el tributo a las personas jurídicas que se cobró entre el 2012 y el 2015 a todas las sociedades mercantiles inscritas en el Registro Nacional y que se declaró inconstitucional en enero del 2015.
Lo recaudado se destinará, una vez vigente, a financiar infraestructura y equipamiento policial. Aunque se impide su uso para pagar salarios, esta semana se aprobó una moción para permitir, por una única vez, la contratación de 1.000 policías y sus respectivos salarios.
Debido al atraso y a la decisión de los diputados de irse a vacaciones sin el plan aprobado, el nuevo impuesto podría entrar en vigencia avanzado el 2017 y, entonces, solo se les cobraría a las nuevas sociedades que se constituyan.
El cobro al grueso de las sociedades, como hecho generador del tributo, solamente se podría hacer en enero del 2018.
El liberacionista Rolando González, primero en usar la palabra por el fondo, reclamó a los socialcristianos que salían del plenario para romper el quórum y detener la sesión.
“Siento ira porque Costa Rica alcanza la máxima cifra de asesinatos en un año y diciembre aún no termina. Frente a eso, el Partido Unidad Social Cristiana de Rodolfo Piza y el Movimiento Libertario de Otto Guevara nos han impedido decidir sobre este proyecto de ley”, señaló González.
Aunque la mayoría del PUSC se opone a este tributo, Rafael Ortiz y Jorge Rodríguez hablaron a su favor.
Las liberacionistas Maureen Clarke y Sandra Piszk también respaldan la iniciativa; sin embargo, reclaman que el Gobierno haya reducido el presupuesto para Seguridad entre 2015 y 2017.
El proyecto establece que las sociedades anónimas inactivas deberán pagar ¢64.000 anuales; las activas con ingresos menores a ¢51 millones tendrán que cancelar ¢106.000; las que tienen ingresos entre ¢51 millones y ¢119 millones desembolsarían ¢127.000 cada año, y las que tengan ingresos por más de ¢119 millones tendrían que pagar un impuesto de ¢212.000 ante el Registro Nacional. Los diputados continuarán la discusión el lunes 9 de enero, por la mañana.