El diputado Ariel Robles, del Frente Amplio (FA), presentó un recurso de amparo ante la Sala IV y solicitó medidas cautelares urgentes contra el acuerdo tomado por el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), el cual autoriza la explotación comercial de tortugas verdes, iguanas y 198 especies más de vida silvestre.
El principal alegato del congresista de Pérez Zeledón es que dicha decisión, tomada el 28 de marzo pasado mediante el acuerdo AJDIP/057-2023, se efectuó sin ningún tipo de estudio técnico que la justifique.
La institución estatal aumentó en 200 el número de especies de interés pesquero y acuícola. La lista pasó de 34 a 234 especies de flora y fauna que pueden ser explotadas en Costa Rica.
Entre esas especies se encuentran iguanas y garrobos, la tortuga verde de oreja roja y de oreja amarilla, erizos, gusanos, pepinos de mar, algas, zooplancton, ocho tipos de corales y 13 de esponjas marinas.
También, fueron incluidas 29 especies de macroalgas y 31 de microalgas, que sirven de base para la interconexión natural de cadenas alimenticias, producen oxígeno para la respiración de organismos acuáticos, absorben dióxido de carbono y dan refugio y hábitat a miles de especies.
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Ante la Sala Constitucional, Robles alegó que no existen estudios técnicos que justifiquen la medida o descarten graves daños ambientales para cada especie afectada y los ecosistemas asociados, como consecuencia de dicha explotación.
El frenteamplista también acusó que se incluyen iguanas y garrobos que no son susceptibles de pesca y cuya regulación le compete al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), ignorando que su caza está prohibida por ley.
En el recurso, el diputado asegura que hay violación al derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, tal como lo ordenan los artículos 50 y 89 de la Constitución Política.
El documento cuestionado es la Lista de especies de peces y crustáceos de agua dulce y de interés acuícola en las aguas continentales, costeras y oceánicas de nuestro país.
“A diferencia del acuerdo emitido en el año 2017 (con solo 34 especies), el acuerdo que aquí se cuestiona carece de fundamentación técnico científica”, alegó Robles.
El diputado señaló que el Incopesca se limitó a justificar su decisión diciendo “que, para elaboración del listado, se realizó por parte de los biólogos del Departamento de Fomento Acuícola del Incopesca, una recopilación de especies de interés acuícola que se producen actualmente y se consultó a diversos expertos en la materia”.
Entre los principios lesionados por el acuerdo, Ariel Robles destacó la lesión a los principios de objetivación de la tutela ambiental y prevención, así como conductas ilegales del Incopesca en perjuicio de la biodiversidad, la violación al prinicipio de interdicción de la arbitrariedad en perjuicio del derecho constitcional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
Aparte de la anulación que Robles solicitó del acuerdo de la Junta Directiva del Incopesca, también pidió suspender de manera inmediata la aplicación del acuerdo para evitar daños de difícil o imposible reparación al medio ambiente hasta tanto esta Sala no resuelva por el fondo el asunto.
El Incopesca alegó que el documento lo elaboraron biólogos del Departamento de Fomento Acuícola y que se consultó al Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) y a las universidades públicas.
Desde que se dio a conocer el documento, la diputada Kattia Cambronero, del Partido Liberal Progresista (PLP), había denunciado que la lista es motivo de alarma y preocupación, pues podría servir como portillo para el tráfico de especies silvestres y su cautiverio, así como para una sobreexplotación de ecosistemas.