Los diputados aprobaron este jueves, en segundo debate, una reforma a la Ley de Contratación Administrativa que facilitará la imposición de castigos a las constructoras que incumplan con contratos de obra pública.
El proyecto elimina una etapa previa que ha impedido que se suspenda a contratistas que incurren en faltas de varios tipos.
Se trata de la etapa de apercibimiento. Actualmente, si una institución comprueba que una empresa incumplió, solo puede imponerle una llamada de atención, si es la primera vez que lo hace.
Según la diputada del PLN, Karine Niño, autora de la reforma legal, esta reforma permitirá castigar directamente a las compañías que incumplan y, con eso, evitar la impunidad. Por ejemplo, se les podrá inhabilitar por diez años para ofrecerle servicios al Estado.
La propuesta de la legisladora de Liberación Nacional (PLN) avanzó en el Congreso luego de que la Sala Constitucional anunciara que la iniciativa legislativa no tenía ningún roce con la Constitución Política, el lunes pasado.
La votación en segundo debate contó con el apoyo de los 42 congresistas presentes en el plenario de la Asamblea y su trámite quedó en firme, solo para que el presidente de la República lo firme, y lo envíe a publicación en el diario oficial, La Gaceta.
En el primer debate, votaron a favor del plan 45 legisladores, en julio pasado.
Durante la defensa del segundo debate, hablaron a favor de la iniciativa Paola Valladares y Yorleny León, de Liberación Nacional (PLN); Paola Vega y Luis Ramón Carranza, del Partido Acción Ciudadana (PAC); el socialcristiano Pablo Abarca y el frenteamplista José María Villalta.
Vega destacó que, pese a las fuertes presiones de cabilderos empresariales que pretendían frenar la iniciativa legal, la diputada Niño no se arrugó y siguió adelante con su propuesta.
La oficialista criticó que eso no pasa con otras tiendas políticas, sin referirse a ninguna en específico. Sin embargo, alegó que eso está sucediendo en el caso de su proyecto para combatir el plástico de un solo uso y el proyecto que impulsan los socialcristianos para la explotación petrolera en el país.
Villalta y Abarca también destacaron el trabajo de Niño. En el caso del frenteamplista, destacó que la propuesta busca evitar que una empresa cometa fraude de ley y, luego de ser sancionada, no pueda fácilmente consolidar un consorcio con otro nombre para evadir la inhabilitación que implica la ley por incumplimientos.
“No solo se previene el portillo de la fusión, sino también el recurso de crear nuevas figuras para evadir la responsabilidad”, dijo.
Abarca, por su parte, destacó el trabajo de la liberacionista, pero adujo que en la Asamblea se pueden hacer negociaciones y, a través de consensos, avanzar en proyectos como este.
En cuanto al asunto del lobby y la acción de los grupos de presión, adujo que el lobby no es malo y que los diputados no se pueden cerrar a recibir y conversar con los sectores, en alusión a los reclamos que hizo Paola Vega.
Los últimos ajustes que se hicieron al plan antes de la aprobación en primer debate buscaron detallar los casos en que los contratistas viales pueden ser inhabilitados para contratar con el Estado hasta por 10 años.
Actualmente, la Ley de Contratación Administrativa permite sancionar a quienes incumplan contratos estatales, por periodos que van de los 2 a los 10 años.
Esa inhabilitación aplica en dos vías posibles: o para contratos con todo el Estado o para contratos con la administración a la que se le incumplió.
El problema actual, según Niño, es que para imponer una inhabilitación a un contratista, se le debe haber hecho un apercibimiento previo.
El proyecto aprobado, en cambio, introduce un artículo 100 ter en la ley 7494, donde se crea un proceso particular de inhabilitación para los contratistas de obra vial que le queden mal al Estado, “sin justa causa y sin necesidad de haber recibido un apercibimiento antes”.
El nuevo procedimiento implica una sanción de entre 3 y 10 años para la persona física o jurídica que incumpla con un contrato o cumpla de manera defectuosa con el objeto del contrato, o bien que infrinja los programas de trabajo pactados.
También, la persona o empresa sancionada tendría prohibido participar en procesos de contratación desarrollados por la administración central, la descentralizada y por las municipalidades.