Este lunes quedó aprobado en segundo debate el proyecto de ley que autoriza la reducción de las jornadas para empleados de turismo, cultura, entretenimiento y choferes de bus hasta por un año más, a causa de la pandemia del covid-19.
La iniciativa tuvo el apoyo de 31 legisladores, mientras que ocho apretaron el botón de voto negativo en sus curules.
El plan básicamente mantiene viva la medida que se aplica desde abril del 2020, un mes después del inicio de la pandemia en el país.
Esa medida autoriza a los patronos a pagar menos a sus empleados y reducirles la cantidad de trabajo, a causa de la afectación económica que generó la crisis sanitaria del coronavirus.
El apoyo al proyecto, presentado por la congresista María Inés Solís, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), provino de su propio partido, Liberación Nacional (PLN), Acción Ciudadana (PAC), Restauración Nacional (PRN), Republicano Social Cristiano (PRSC) y varios independientes.
Los votos negativos a seguir aplicando la medida los dieron la liberacionista Franggi Nicolás, la oficialista Paola Vega, los socialcristianos Shirley Díaz, María Vita Monge y Óscar Cascante, el restauracionista Melvin Núñez; Wálter Muñoz, de Integración Nacional (PIN), y José María Villalta, del Frente Amplio.
Originalmente, la iniciativa se centraba en mantener la medida para ayudar a los empresarios del sector turístico y varias actividades que se relacionen con este.
Antes del primer debate, a última hora, los legisladores aprobaron una moción de los congresistas María Inés Solís, Pedro Muñoz y Rodolfo Peña, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); y Karine Niño y Roberto Thompson, del Partido Liberación Nacional (PLN), para incluir a los trabajadores de transporte público.
La reducción de jornadas sería por 12 meses, en periodos de tres meses, que se pueden extender solamente con la autorización del Ministerio de Trabajo, previa revisión del cumplimiento de requisitos.
Aunque la intención era aprobar el proyecto antes de que se iniciara abril, los atrasos legislativos impidieron ese avance, entre rupturas de cuórum y el cambio de legislatura, así como las órdenes sanitarias de varios congresistas y los contagios de covid-19 de algunos de ellos.
La reducción de jornada se aplica desde abril del 2020 y establece que, para que un patrono pueda solicitarlo, se deben mantener los efectos negativos de la pandemia en su negocio.
La última prórroga había estado vigente entre enero y marzo de este año.
Los negocios de turismo que podrían aplicar la medida son hoteles, hospedaje no tradicional, operadores turísticos, agencias turísticas, transportes turísticos, empresas de alquiler de autos, empresas de guías y de aventuras.
También aplica para ventas de artesanías, balnearios, casinos, tiendas en aeropuertos, aerolíneas locales o internacionales, transporte náutico y embarcaciones de pesca deportiva, así como marinas y atracaderos turísticos.
El texto le asigna la potestad a Trabajo para ampliar la lista de actividades a otras que también estén relacionadas con el sector turístico y que necesiten mantener la reducción de las jornadas.
A quienes se les autorice la reducción de la jornada, no podrán establecer horarios laborales fraccionados a las personas sujetas a la reducción, ni pagar horas extra a grupos de trabajadores que no tengan la jornada reducida.
Paola Vega, del PAC, consideró inapropiado seguir aprobando ese tipo de proyectos de ley “sin tener un estudio técnico que diga cuánto han impactado estas medidas en la calidad de vida, los ingresos y la capacidad adquisitiva de los trabajadores afectados”.
También cuestionó que la mayoría de congresistas asuma una “posición bastante fácil para no comprometer apoyo de un sector que puede aportar más”, en referencia al sector empresarial.
También criticó que el Congreso apruebe eso sin tocarse sus salarios ni sus beneficios, como el combustible que reciben mensualmente.
A los cuestionamientos de Vega respondió la liberacionista Paola Valladares, quien dijo que ella sí aplaude la aprobación del proyecto y dijo que es necesario “ayudar en lo poquito que podamos a la recuperación económica de este país”.
“Hay un sector turismo 14 meses de rodillas. Si fuera solo el dueño del hotel, qué importa, pero hay un círculo virtuoso del sector turístico que no podemos desproteger”, adujo.
También calificó de populistas las críticas de Vega a los legisladores por no tocarse sus propios salarios y beneficios.
Con la oficialista también coincidió el restauracionista Melvin Núñez, quien criticó que siempre son los trabajadores los que pagan las consecuencias de las crisis, y no, dijo, los grandes empresarios.