Con 50 votos a favor y dos en contra, los diputados aprobaron en segundo debate la ley que les impondrá límites a las tasas de interés de los préstamos de dinero, incluidas las tarjetas de créditos.
La iniciativa contiene una fórmula para establecer las tasas máximas en dólares y colones, en créditos generales y en microcréditos. Los intereses por encima de esos topes serán considerados usura, la cual acarrea hasta dos años de cárcel.
El plan duplicará la pena si el delito se comete en perjuicio de consumidores y usuarios.
Según un cálculo hecho en febrero con base en el proyecto de ley, cuando este pasó al plenario, los créditos no podrían exceder una tasa anual del 39% en colones y del 31,35% en dólares, incluyendo el dinero prestado mediante tarjetas de créditos.
También, se establecería una tasa diferenciada para los microcréditos, aquellos que no superen los ¢675.000.
Por los microcréditos en colones, el tope será del 55% y, para los microcréditos en dólares, el 45,66%.
Los nuevos límites no serán retroactivos. Es decir, solo aplicarán para futuras operaciones, no para las que estén vigentes.
Los topes sufrirán una variación cada seis meses, debido a que el texto ordena al Banco Central de Costa Rica actualizar la tasa dos veces al año: en los meses de enero y de julio de cada año.
Para hacer esa fijación, el Banco Central deberá usar la tasa activa promedio del último año previo a la revisión.
Los diputados aprobaron el proyecto pese a que los reguladores financieros advirtieron que, por la crisis actual, muchas personas perdieron el empleo.
Esa situación eleva el riesgo crediticio de estas personas, alegan los reguladores, por lo que el proyecto excluiría a muchos del sistema financiero formal y los empujaría al mercado informal de préstamos.
Si embargo, el texto se votó en definitiva, este martes, luego de que la Sala Constitucional resolviera una consulta de varios diputados y determinara que no encontró tiene vicios constitucionales en las consultas planteadas por los legisladores, ni es contrario a la libertad de comercio, de seguridad jurídica y de los principios de razonabilidad y proporcionalidad penal.
Este martes, votaron a favor 15 diputados del Partido Liberación Nacional (PLN), nueve del Partido Acción Ciudadana (PAC), ocho del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), siete del Partido Restauración Nacional (PRN) y seis del bloque independiente Nueva República.
Además, respaldaron el plan dos diputados del Partido Integración Nacional (PIN), dos del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC) y uno del Frente Amplio. Votaron en contra los independientes Erick Rodríguez e Ivonne Acuña.
El texto aprobado establece una nueva metodología que consiste en usar la tasa de interés activa promedio ponderada de los últimos doce meses. Para colones, cuando se dictaminó el texto en el mes de febrero anterior, esa tasa era de 13,2% y para dólares de 8,1%.
Luego, a estas tasas se le suma un número diferenciador que se llama spread, el cual es de 12,8 puntos para tasa de créditos regulares y de 13,8 puntos porcentuales para microcréditos. Finalmente, se usa un multiplicador que también es fijo. Para los créditos generales es de 1,5 y para microcréditos 2,085.
El diputado David Gourzong, del PLN, proponente del texto, explicó que, en palabras sencillas, esta ley establece un tope a las tasas de interés, a partir de la cual se castigaría la usura.
El verdiblanco añadió que, por ese delito, el Código Penal establece un castigo que actualmente no se aplica ante la falta de un límite que defina la usura.
“Costa Rica tenía que dar este paso. Estamos cumpliendo con tener una ley que controla la usura. Hubiésemos querido que la tasa fuera menor”, indicó el proponente.
En tanto, Welmer Ramos, diputado el PAC, quien junto a Gourzong le dio impulso a la iniciativa, afirmó que con esta regulación las familias costarricenses podrían librarse, en su conjunto, del pago de ¢1,2 billones al disminuir las tasas de interés.
“Lo digo porque hay más de ¢4,5 billones prestados a tasas que superan el 62%, según nuestros cálculos. La disminución del 23% de la tasa significa una disminución de ¢1,2 billones en el pago de intereses por parte de familias”, afirmó.
Sin embargo, la independiente Acuña, recordó que la iniciativa no aplica para préstamos existentes, sino para futuros.
Acuña cuestionó que este texto hoy se aprueba en una realidad distinta a la de hace meses.
En ese sentido, citó que la pandemia generó decrecimiento de la economía y aceleró el desemplo, lo cual, en su opinión, es un panorama más desalentador que cuando se discutió el texto en comisión.
Agregó que más familias en pobreza podrían quedar excluidas del mercado formal crediticio, debido a que no calificarían para un préstamo por ser considerados como clientes con riesgos de impago.
“Con una tasa baja, que se vende bien políticamente hablando, resulta atractivo prestarle a los de menor riesgo. Los de mayor riesgo, que son sectores vulnerables, a quienes les urge, sencillamente con esta ley van a quedar excluidos. Lo manifestaron los entes reguladores del sistema financiero en este Congreso”.
“Las entidades financieras supervisadas no podrán prestarles dinero. Recurrirán al mercado informal que no tienen supervisión ni control con dinero que pueden venir del lavado de dinero”, expuso la independiente.
Por su parte, María Inés Solís, diputada socialcristiana, pese a que votó a favor del expediente, indicó que se opone a la fijación de precios. Para ella, establecer un tope a las tasas de interés es determinar precios, lo cual, en su criterio, no es sano para el mercado.
En esa misma línea se manifestó Erick Rodríguez. El independiente indicó que las tasas de interés no se bajan a través de una ley, sino por medio de la eliminación de asimetrías que existen entre la banca privada y la banca pública, con la finalidad de nivelar la competencia.
Por su parte, Pedro Muñoz, legislador socialcristiano, indicó que, pese a votar a favor del texto, este no resolvería los problemas financieros de los costarricenses.
Afirmó que ello se logra con educación y promoción de la competencia, por medio del Ministerio de Economía.