Los diputados aprobaron en segundo debate, este martes, el proyecto de ley para darles beneficios especiales a los trabajadores extranjeros que vengan a Costa Rica a dar servicios de carácter internacional.
Se trata de la iniciativa conocida como Nómadas Digitales, para beneficiar a los foráneos que vengan al país a hacer trabajo de forma remota, para clientes fuera de nuestro país.
La iniciativa, presentada por Carlos Ricardo Benavides, del Partido Liberación Nacional (PLN), establece básicamente una condición migratoria especial para estas personas, así como la exención del pago del impuesto sobre la renta para estos profesionales.
Los extranjeros que quieran entrar bajo esa categoría tendrán que gestionarlo, según lo dispone la iniciativa aprobada, en la Dirección General de Migración Extranjería, para poder optar por dichos beneficios.
El objetivo de la ley aprobada es, como lo dice el texto, “fomentar la visitación de larga estancia en Costa Rica y aumentar el gasto de recursos de origen extranjero en el país”.
Básicamente, la intención es que dichos extranjeros consuman en el país y que, con la ley aprobada, haya un aumento de ese tipo de profesionales en suelo costarricense.
Por ese beneficio solo podrían optar extranjeros que presten servicios a clientes fuera de suelo nacional, pero no costarricenses que se movilicen por diferentes regiones del país, prestando servicios para clientes internacionales.
La definición de prestador de servicios remotos explica que se trata de profesionales extranjeros, que hagan sus labores utilizando medios informáticos, de telecomunicaciones o análogos, en favor de personas físicas o jurídicas domiciliadas en el exterior.
Esas personas tendrán categoría migratoria de no residente. La ley aprobada obliga a Migración a establecer una plataforma digital para solicitar la categoría de nómada digital.
Entre los requisitos para optar por dicha categoría, se debe aportar una prueba de que se percibe una remuneración mensual estable, rentas fijas o un ingreso mensual promedio igual o superior a $3.000 (¢1.860.000).
El beneficio puede ser para dos personas que integren el grupo familiar, pero con un ingreso mensual promedio igual o superior a los $4.000 (¢2.480.000) para las dos personas.
Además, el nómada tendrá que adquirir una póliza de servicios médicos que le cubra durante toda su estancia en Costa Rica.
La Dirección de Migración cobrará al trabajador remoto el pago de una visa de no residente, con un monto que será determinado por reglamento.
Según dice el artículo 14 de la iniciativa, las personas que pidan la categoría de nómada digital “no podrán ocuparse de labores o servicios remunerados en el territorio nacional distintas de lo permitido por su subcategoría migratoria”.
El plazo del beneficio migratorio será hasta por dos años, o sea, un año prorrogable por un periodo igual. Para pedir la prórroga, el beneficiario tendrán que haber estado en suelo nacional al menos por 180 días del año que se le dio originalmente.
Además de la exención en el pago del impuesto sobre la renta, los nómadas digitales también estarán exonerados del pago de los impuestos por importación del equipo personal básico de cómputo, informático, telecomunicaciones o análogos.
La iniciativa de Benavides también les permite a los extranjeros usar la licencia de conducir expedida en el país de origen, si está vigente, y abrir cuentas de ahorros en bancos nacionales.
Según el expresidente legislativo, la propuesta “permitirá recibir a miles de nómadas digitales que vendrán por periodos de hasta un año a teletrabajar, haciendo uso de servicios de hospedaje, alimentación, transporte interno, servicios comerciales y profesionales”.
Adujo que eso contribuirá a la reactivación de la economía costarricense.
A favor de la propuesta votaron los partidos Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, Restauración Nacional, parte de Acción Ciudadana, las fracciones minoritarias y los independientes.
En contra estuvieron cuatro legisladores del PAC y el del Frente Amplio, quienes durante la tramitación del proyecto adujeron que eso podría ser un portillo para el ingreso de capitales o actividades ilícitas al país.
Luego de la aprobación de la iniciativa, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) agradeció a los legisladores por la iniciativa, pues alegó que “robustece la competitividad turística” del país.