La actual defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, desarmó el proyecto de ley impulsado por su antecesora, Catalina Crespo, para reformar la Ley Orgánica de la Defensoría de los Habitantes, la cual se discute en la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa.
Durante su comparecencia en ese órgano legislativo, Cruickshank criticó punto por punto la iniciativa legal y, finalmente, pidió a los diputados que archiven esa propuesta.
La nueva jerarca de la Defensoría asistió acompañada por la defensora adjunta, Tatiana Mora; y por la directora de Asuntos Jurídicos de la entidad, Catalina Delgado, lo cual fue visto por los congresistas como una señal de un mejor ambiente en la institución.
El plan de ley, que se estudia bajo el expediente N.° 23.217, busca equiparar a la Defensoría de los Habitantes, como institución, con la Contraloría General de la República, ambos órganos auxiliares de la Asamblea Legislativa.
Entre otras reformas, se le daría la potestad a la defensora de nombrar a discreción las personas que ocupen las direcciones, y se le permitiría solamente poner a consideración un candidato a la Defensoría Adjunta, y no una terna como actualmente se permite.
También se le ampliaría el mandato por un único periodo de seis años, entre otras modificaciones.
Cruickshank aseguró que ese proyecto acrecentaría los riesgos institucionales para el personal y para el presupuesto, y generaría otros de índole tecnológica.
“Hay un eje transversal que permea todo el proyecto, y es la falta de criterios técnicos objetivos que den sustento a las propuestas presentadas, porque se fundamentan en enunciados genéricos, en presunciones sin criterio ni sustento”, advirtió la nueva defensora, quien fue nombrada en ese puesto a finales de febrero.
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Sin criterios técnicos
También afirmó que no existe un estudio serio, técnico, que dé sustento a la iniciativa de reforma legal ni que responda a “lo más importante, al interés público”.
“Se pretende asimilar, en lo conceptual y en lo práctico, a dos instituciones cuya naturaleza jurídica es radicalmente diferente, y eso es desconocer sus especificidades”, enfatizó Cruickshank.
Ella insistió en que es muy diferente la fiscalización de la hacienda pública que debe realizar la Contraloría, versus la defensa, protección, divulgación y promoción de los derechos humanos, que le corresponde a la Defensoría.
“No se detalla de ninguna manera cómo esa equiparación redundaría en una mejora sustantiva de los derechos de los habitantes”, dijo Cruickshank, y “solamente se presenta eso como enunciado en el proyecto”, agregó.
También cuestionó que se busque eliminar la causal de cese para el defensor o defensora por negligencia notoria o violaciones graves al ordenamiento jurídico en el ejercicio de los deberes del cargo.
“Es una afrenta a los principios básicos de todo Estado de derecho, como es la responsabilidad del Estado y sus servidores, cuya tutela fue elevada al más alto rango, y el principio de evaluación de resultados y rendición de cuentas a que está obligado todo funcionario público”, manifestó.
Por el contrario, Cruickshank fue enfática al aseverar que se debe mantener la potestad de la Asamblea Legislativa de fiscalizar las actuaciones del defensor o defensora, y de revocar su mandato, si incurre en violaciones graves al ordenamiento jurídico por negligencia.
“Es uno de los pilares de la legitimidad de la Defensoría y de la propia Asamblea”, añadió.
Reforma innecesaria
De hecho, la defensora afirmó que no es necesario realizar ninguna reforma legal para que la Defensoría haga cambios importantes que mejoren su funcionamiento, y anunció que ya ella está trabajando en eso.
Aseguró también que, esta vez, sí hubo un proceso de consulta interno entre ella y los funcionarios sobre la reforma legal que promovió Catalina Crespo y que fue acogida por el diputado Daniel Vargas, del gobernante partido Progreso Social Democrático (PPSD).
Para Cruickshank, es reforma deja en un limbo jurídico la forma de fijar un pago a los servidores de la institución, pese a que la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas lo había dejado claro.
La defensora también aseguró que la reforma legal permitiría una concentración de potestades en el jerarca, casi de carácter autoritario, que calificó de inaceptables.
Ese tipo de acciones serían el nombramiento a dedo de los directores y de una sola persona como defensor o defensora adjunta.
“Los nombramientos de quienes vayan a gerenciar la institución no pueden poner en riesgo la experiencia técnica en derechos humanos, a partir de nombramientos de confianza que podrían incluso ser políticos”, cuestionó.
En su criterio, se trata de una propuesta regresiva en materia de derechos humanos, pese a los avances alcanzados por el Estado costarricense.
Contra eliminación de Defensoría de la Mujer
Cruickshank destacó, por ejemplo, que la Defensoría de la Mujer está creada según convenio internacional, y enfatizó que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) recomendó modificar el proyecto de ley, o bien, derogarlo, precisamente porque eliminaría esa dependencia.
“La Defensoría expresa su inconformidad con el proyecto de ley en discusión en los términos consultados y, como jerarca, solicito el archivo del expediente, manifestando mi compromiso con nuevas iniciativas para el fortalecimiento institucional, a partir de criterios técnicos, objetivos y transparentes”, declaró.
Frente a las consultas, Cruickshank le respondió al diputado Antonio Ortega, del Frente Amplio (FA), que definitivamente el proyecto no se basa en los Principios de París sobre los que se deben regir las instituciones nacionales de protección de derechos humanos.
El principal firmante de la iniciativa, el oficialista Daniel Vargas, adujo que su plan es devolverle flexibilidad a la institución y al defensor, para que pueda organizar su equipo de trabajo y aseguró que con 40 plazas menos, supuestamente aumentó la cantidad de casos resueltos, tal como lo aseguraba Catalina Crespo.
Angie Cruickshank le respondió que no hay ningún estudio ni documento que sustente tal afirmación y le pidió que, si él tiene el informe que sustente ese dato, que se lo comparta a ella.
“Le puedo decir que no estamos haciendo más con menos. Ahora que hablábamos de los Principios de París, ese es uno de los fundamentales, el fortalecimiento de las instituciones nacionales de derechos humanos con un presupuesto adecuado, para cumplir el mandato para el que fueron creadas”, concluyó.