La Contraloría General de la República sancionó a José Bernardino Rojas Méndez, alcalde de Buenos Aires, por prestar un terreno propiedad del Estado a la constructora MECO sin tener la potestad para ello. El castigo consiste en una suspensión de ocho días sin goce de salario.
El terreno es propiedad del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el cual había cedido temporalmente el uso del predio a la Municipalidad de Buenos Aires en calidad de préstamo gratuito en precario.
Según la Contraloría, en agosto del 2020, el alcalde Rojas permitió a MECO instalar un quebrador en este predio, conocido como Bajo El Remolino, para procesar 57.000 metros cúbicos de material aluvional destinado a proyectos del cantón. Sin embargo, nunca se firmó un convenio entre la constructora y el gobierno local.
Debido a que el ayuntamiento disponía del terreno mediante un préstamo en precario, el inmueble del ICE únicamente podía ser utilizado por la municipalidad, la cual no podía otorgar derechos a terceros. En consecuencia, el órgano contralor determinó que el alcalde sobrepasó sus potestades al cederlo a MECO sin cobrar por ello.
“Se evidencia una falta de diligencia del señor Rojas Méndez con relación al cumplimiento de sus deberes en materia de control interno por cuanto fue omiso, negligente e imprudente, en la administración de los bienes públicos al no registrar, documentar o formalizar a través de un convenio, acuerdo u otro instrumento jurídico, lo relacionado con la facilidad otorgada a la empresa Constructora MECO”, indicó la CGR en su resolución 3263-2023, de la Dirección Jurídica, como resultado del procedimiento administrativo contra el gobernante local, elegido por el Partido Liberación Nacional (PLN).
Rojas fue sancionado al considerársele responsable, en grado de “culpa grave”.
“El permiso de uso de inmueble entre el ICE y la Municipalidad de Buenos Aires, CON-006-19, no contempla la posibilidad que el bien inmueble sea facilitado a un tercero para la instalación y operación de un quebrador de material”, señaló la resolución.
El alcalde interpuso una apelación en subsidio alegando que la recomendación del ente contralor no era proporcional y contenía una “interpretación subjetiva” sobre los alcances del convenio entre eI CE y la Municipalidad de Buenos Aires. El recurso suspendió la aplicación del castigo.
Sin embargo, en octubre pasado, Marta Acosta, contralora general de la República, rechazó la apelación presentada por Rojas y ratificó la proporcionalidad de la sanción.
En la resolución R-DC-00095-202, Acosta reiteró que el ICE nunca facultó a la municipalidad para que prestara el inmueble y esta únicamente poseía autorización para emplearlo en actividades en favor de los habitantes, así como designarlo para almacenamiento, taller y custodia de maquinaria y otros activos municipales.
La jerarca de la CGR ratificó que se evidenció “culpa grave” del alcalde debido a que incumplió con sus deberes en materia de control interno al haber omitido registrar, documentar o formalizar, mediante algún instrumento jurídico, el convenio con MECO.
Por su parte, la constructora MECO, informó de que fue contratada por el gobierno local para el proyecto “Trituración Temporal, Carga, y Acarreo de material para Rehabilitación de caminos Las Brisas y Rancho Coco”, mediante el cual se desarrolló la labor de trituración del material del río Ceibo en vías públicas.
“El quebrador donde se desarrollaron los trabajos es de Constructora Meco, mientras que la municipalidad habilitó un terreno con el que contaba -en calidad de préstamo- para la instalación de la maquinaria, dada la urgencia de iniciar las obras por la emergencia. Dicho terreno se entregó limpio y en buenas condiciones.
“Los materiales producidos se utilizaron para ejecutar obras de reconstrucción sobre caminos del cantón, específicamente en Las Brisas (Camino 6-03-008) y Rancho Coco (Camino 6-03-035)”, informó la empresa.
Este medio buscó conocer la reacción del alcalde de Buenos Aires, pero este no contestó a los mensajes ni a las llamadas realizadas.
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