El alcalde de Osa, Alberto Cole, le pidió al Concejo Municipal de su cantón y a la vicealcaldesa, Yanina Chaverri, que se le suspendan el salario mientras esté vigente la orden de suspensión de su cargo por el caso Diamante. Así lo solicitó el militante del Partido Liberación Nacional (PLN) en una nota enviada a ambas autoridades, este martes por la tarde.
Cole recibe un salario mensual de ¢4 millones.
“Solicito se suspenda el pago de mi salario con efecto inmediato, por lo que autorizo al Concejo Municipal y a su persona a realizar las gestiones correspondientes, para que se pueda aplicar mi voluntad en congruencia con la legislación vigente en materia laboral”, indicó el alcalde.
“Producto de una serie de acontecimientos presentados la semana anterior, el Ministerio Público me ha interpuesto como medida cautelar la separación del cargo que ostento como alcalde municipal por un lapso de seis meses. No es de recibo, para mi persona, que se me cancele el salario correspondiente, mientras cuento con la imposibilidad técnica de servir a mi cantón”, agregó en la nota.
Este martes, también renunció a su salario el alcalde de San Carlos, Alfredo Córdoba, señalado por este mismo caso.
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Además, fueron suspendidos por seis meses los alcaldes Johnny Araya, de San José; Mario Redondo, de Cartago; Humberto Soto, de Alajuela; y Arnoldo Barahona, de Escazú.
Todos fueron separados de sus puestos según determinó el Tribunal Penal de Hacienda como medida cautelar, mientras continúa la investigación sobre presunta corrupción en obras viales.
En el casoCole, los investigadores hallaron que los personeros de la constructora, entre enero y julio el 2020, le prometieron la entrega de una dádiva de ¢1,8 millones y financiar su campaña para la reelección en la Alcaldía de Osa, en la zona sur del país.
A cambio de esas dádivas o promesas de retribución, el alcalde del PLN habría efectuado actos contrarios a sus deberes y habría intervenido para que MECO ganara una licitación para la pavimentación y construcción de obras en los caminos de ese cantón sureño, según la tesis de la Fiscalía.