Los manifestantes chavistas que agredieron en setiembre del 2023 a un periodista y a un camarógrafo del desaparecido noticiero NC Once tenían una constante relación y vínculos con tres diputados de la fracción de gobierno, denunció este lunes la presidenta del Colegio de Periodistas (Colper), Yanancy Noguera.
Durante su comparecencia en la Comisión Investigadora de la Pauta del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), Noguera respondió al diputado Ariel Robles, del Frente Amplio (FA), que esa agresión generó muchísima preocupación y ocurrió luego de múltiples ataques digitales.
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“Pedimos a las instituciones relacionadas que investigaran y ni siquiera tuvimos respuesta, por ejemplo, del Ministerio de Comunicación. Nos dimos a la tarea de investigar por nuestra propia cuenta”, enfatizó.
Noguera respondió a Robles que se pudo ver una relación de las personas que atacaron físicamente y que atacan virtualmente con algunos diputados de la fracción oficialista, específicamente con Pilar Cisneros, jefa de la bancada; Daniel Vargas, subjefe, y la legisladora Paola Nájera.
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Ante lo dicho por la presidenta del Colper, Cisneros se manifestó molesta y acusó a Noguera de decir una falsedad. Negó que ella, como diputada, hubiera agredido en algún momento a un periodista de algún medio de comunicación. A esa afirmación, la vocera del Colegio de Periodistas le aclaró que solamente encontraron una relación entre los diputados oficialistas y esas personas que agredieron al personal del medio televisivo.
De hecho, la vocera del gremio indicó que se pudieron recabar más de 60 videos que demostraban esa relación entre los tres oficialistas y las personas que agredieron al periodista Rodrigo Guevara y el camarógrafo Roberto Chaves, quienes para setiembre laboraban con NC Once.
Yanancy Noguera puntualizó que los hallazgos del estudio realizado sobre ese caso se hicieron públicos a inicios de diciembre pasado. En esa ocasión, el Colper denunció que existen tres grupos que promueven mensajes de odio contra trabajadores de la prensa de manera continua y sistematizada, y que integrantes de esos grupos participaron en la agresión física cometida.
“¿Usted tiene pruebas de eso, donde yo estoy agrediendo periodistas? ¿Presentó una denuncia al Ministerio Público? Usted sabe que eso es perfectamente falso”, reclamó Cisneros. De nuevo, la representante del gremio de periodistas le reiteró que nunca se acusó a la legisladora de agredir a los dos reporteros.
“En ningún momento, ante la pregunta de don Ariel, indiqué que hubiera ataques de aparte de señoras y señores diputados a periodistas. Las evidencias de alrededor de 60 videos, que podemos suministrar, aunque ya los habíamos remitido, dan cuenta de que esos grupos tienen relaciones con alguna frecuencia con diputados de gobierno, los diputados mencionados”, enfatizó Noguera.
Alertas sobre falta de criterios técnicos
En cuanto a las razones por las que el Colper emitió pronunciamientos y pidió explicaciones al Sinart, la vocera del gremio respondió que las primeras alertas las hicieron personas colegiadas que trabajan en instituciones públicas que vieron que sus criterios técnicos de recomendaciones de cómo debía darse pauta publicitaria en sus instituciones no se estaban atendiendo.
“Esa es una primera alerta muy directa, de personas colegiadas cuyos criterios no son respetados en las instituciones, mientras que la segunda alerta es que la publicidad estatal es un tema de fondos públicos, cuya asignación tiene que ser una preocupación de todos los colegios profesionales, porque así se define esa responsabilidad en nuestras leyes constitutivas”, puntualizó Noguera.
Adicionalmente, la vocera del Colper indicó que, desde esa institución, se emitieron una serie de alertas y múltiples pronunciamientos, incluso un debate presencial con el presidente del Sinart y el ministro de Comunicación, en la sede del colegio. “Nos indicaron que no tenían definidos los criterios técnicos para la asignación de la pauta publicitaria”, dijo Noguera.
Ella también añadió que los colegiados empezaron a quejarse de que no había criterios claros sobre cómo ser proveedores, ni sobre la transparencia ni asignación técnica de la pauta.
Desde setiembre del 2023, el plenario de la Asamblea Legislativa acordó crear una comisión investigadora sobre los contratos por al menos ¢8.000 millones que diversas instituciones públicas concedieron al Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), varios de ellos de forma directa y sin concurso público.
El 23 de octubre, en esa comisión, la que fuera ministra de Comunicación, Patricia Navarro Molina, afirmó que la “democratización de pauta del Gobierno es pagar para que (los medios y periodistas) hablen bien de Rodrigo Chaves”.