El gobierno del presidente Luis Guillermo Solís dejará a la próxima administración irremediablemente condenada a impulsar una reforma tributaria apenas inicie funciones, a partir del 8 de mayo, si quiere reducir sustancialmente el déficit fiscal.
Si el actual gobierno lograra cumplir con sus expectativas de aprobar, al menos en primer debate, el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, este solo aumentaría la recaudación fiscal en un 1,9% del producto interno bruto (PIB) que es el equivalente a unos ¢660.000 millones, cuando el déficit fiscal superó los ¢2 billones en diciembre del año pasado, más de 6,2% del PIB.
Luis Paulino Mora, viceministro de la Presidencia encargado de temas legislativos, dijo que aunque se apruebe el proyecto de reforma fiscal de aquí a finales de abril, cuando termina la presente legislatura del Parlamento, el futuro Gobierno deberá hacer un nuevo esfuerzo para buscar una solución permanente al problema de las finanzas públicas.
El tema surge ahora cuando los diputados salientes y los entrantes del Partido Acción Ciudadana rechazaron un conjunto de propuestas que les presentó el legislador Ottón Solís, este lunes, para reducir el déficit fiscal en ¢876.000 millones, casi la mitad del déficit fiscal.
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Entre las propuestas del diputado Solís que se quedarán en mociones al proyecto de Ley son la de cobrarles renta a las cooperativas más grandes y crear dos tasas más de impuesto de renta para los salarios más altos, una del 20% y otra del 25%.Tampoco encontró apoyo la idea de restringir a los empleados públicos el cobro de ciertos pluses salariales como el pago por prohibición y el de dedicación exclusiva, así como limitar a un 1,94% el monto adicional que se paga por cada año laborado. Estas anualidades hoy pueden superar el 5% del salario base en algunas instituciones.
Pero el escenario para la futura administración podría ser peor, pues el viceministro Mora reconoció que las condiciones no están dadas para que el proyecto fiscal que propuso este Gobierno se apruebe fácilmente.
"La realidad parece evidente. Va a ser muy difícil sacarlo (el proyecto) en esta legislatura, dependería de que no haya una consulta previa de constitucionalidad (posterior al primer debate) y no lo veo posible. Nuestra aspiración sería dejarlo aprobado en primer debate (...). No es suficiente (aprobar el proyecto), eventualmente la nueva administración tendrá que proponer una reforma fiscal, pero sería un paso en la modernización tributaria que necesita este país", dijo.
Según Mora, las negociaciones entre el Gobierno y las bancadas legislativas siguen adelante para intentar que el proyecto avance.
En cuanto a los contenidos que se negocian, el viceministro dijo que todo está sobre la mesa, desde la creación de nuevos tramos del impuesto sobre la renta para gravar a los salarios más altos, hasta aumentar la tasa del impuesto sobre las ventas al convertirlo en el impuesto al valor agregado (IVA), aunque fue claro en que esta última posibilidad es lejana. En la actualidad la tasa de ventas es de un 13%.
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Los diputados entrantes del PAC, no obstante, insistirían eventualmente en subir esa tasa hasta a un 15%.
"Todo eso se discute, y llegaremos a acuerdos que permitan eventualmente esos 38 votos", dijo sobre las expectativas del Poder Ejecutivo de lograr aplicar al proyecto por la vía rápida estipulada en el artículo 208 bis del Reglamento Legislativo.
Esa alternativa es la única que permitiría que el Congreso vote durante los próximos dos meses el proyecto de ley.
Mora dijo que Casa Presidencial dejará en manos de las fracciones legislativas la decisión de aprobar o no el trámite abreviado para el proyecto.
Otros legisladores, como Mario Redondo, de la Alianza Demócrata Cristiana (ADC) proponen negociar un acuerdo para que el Parlamento vote lo antes posibles un plan de contingencia fiscal para elevar los ingresos del Poder Ejecutivo en el corto plazo, con el fin de que la próxima administración encuentre suavizada la crisis fiscal que le heredará el Gobierno actual.