Las autoridades actuales del Ministerio de Hacienda rechazan la responsabilidad por la pérdida de 7.000 expedientes de morosos de impuestos, que iban para cobro judicial. Más bien, afirman que están tomando medidas para ordenar este tipo de casos.
Según el viceministro de Ingresos de Hacienda, Fernando Rodríguez, las pérdidas de expedientes de cobro judicial no son nuevas. Sostuvo que, desde el 2012, estudios de Auditoría revelaron el extravío de documentación relacionada con personas físicas y jurídicas con deudas tributarias.
El jerarca subrayó que, si la pérdida de archivos trascendió a la opinión pública, es porque este Gobierno ordenó realizar un inventario en la Unidad Administrativa de Cobro Judicial, ubicada en la sede de Hacienda, en Barrio Don Bosco, San José.
La pérdida de al menos 7.113 expedientes la destapó el jefe de esa unidad, José Joaquín Porras, el 23 de febrero pasado.
En esa fecha, contestó un oficio a la directora general de Hacienda, Priscilla Piedra, quien había solicitado en diciembre levantar el inventario de expedientes a cargo de su unidad. El oficio donde Porras puso en blanco y negro la pérdida de los expedientes lo publicó Diario Extra la semana pasada.
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"Este es un tema (el extravío de documentación) sobre el cual nos hemos encontrado casos desde el 2012, revisando informes de Auditoría. Hay informes viejos del tema. Nosotros hemos hecho movimientos desde que entró la actual directora general de Hacienda en febrero del 2015. Ella entró inmediatamente a poner orden en el tema y ella podrá explicar mejor qué se ha hecho. En esta administración fue que, por primera vez, se pide un inventario, a solicitud de la directora general de Hacienda", argumentó el viceministro Rodríguez.
Sin embargo, agregó que la Auditoría de Hacienda nunca hizo referencia a expedientes perdidos, aunque sí advirtió del problema.
Rodríguez insistió en que, de no haber sido por la actual administración, el país no se hubiera enterado del desorden en que opera la Unidad Administrativa de Cobro Judicial.
"Si no lo hubiéramos pedido, nadie hubiera sabido que había un expediente perdido. Por el momento, hay números distintos. Don José Joaquín nos dio un número y otras personas dicen que serían menos (expedientes); por ejemplo, he visto correos del sindicato del Ministerio donde dicen que no son tantos (los perdidos)", declaró el viceministro Rodríguez.
Aunque no ha emitido ninguna declaración, ni ha hecho referencia públicamente sobre la pérdida de expedientes en cobro judicial, el ministro de Hacienda, Helio Fallas, está al tanto de los sucedido, según Fernando Rodríguez.
El viceministro adujo que Fallas les ordenó a él y al director de Informática del Ministerio iniciar una evaluación del sistema informático, que sirve para el almacenamiento digital de los expedientes de cobro judicial. Agregó que el ministro también "está consciente" de que al actual Gobierno no se le puede achacar la culpa por el descuido en la Unidad Administrativa de Cobro Judicial.
"Está consciente de que esto ha salido a la luz porque hemos estado pidiendo que se conozca el número exacto de los expedientes que hay en inventario y sabe que hemos estado ejecutando acciones", se limitó a decir.
Hasta hoy, lo cierto es que Hacienda no solo no sabe cuántos expedientes se perdieron de sus oficinas de Barrio Don Bosco, sino que tampoco está al tanto de cuáles podrían ser los archivos que se esfumaron.
Al 31 de diciembre del 2016, Hacienda tenía un monto acumulado (desde hace varios periodos) en cobro judicial superior a los ¢91.600 millones. Así consta en los Estados Financieros del Poder Ejecutivo, colgados en la página electrónica de Hacienda.
El total de expedientes por asignar a un abogado para que tramite el cobro judicial es de más de 12.000, dijo el viceministro. Ese circulante lo maneja la Unidad de donde se extraviaron los 7.000 expedientes.
Rodríguez comentó que está a la espera de que la Unidad Administrativa de Cobro Judicial le traslade los resultados del balance final sobre el conteo de archivos; será hasta entonces, según el jerarca, que sabrán con certeza en cuáles casos de morosidad tributaria se perdieron archivos y a cuánto asciende el monto en mora que constaba en esos expedientes.
¿Corrección?
Pero el ambiente de incertidumbre que impera hoy en la Dirección de Cobro Judicial de Hacienda está por cambiar, según el viceministro Rodríguez.
Consideró que con la entrada en vigencia de la Ley contra el Fraude Fiscal, el pasado 30 de diciembre, se corregirán muchos aspectos erróneos de los procesos de cobro judicial que echa a andar Hacienda para recuperar dineros de contribuyentes morosos.
Por ejemplo, dijo que la nueva ley le permite a Hacienda crear la figura de los fiscales de cobro, funcionarios que estarán destacados en cada una de las diez sedes de la administración tributaria en el país, a razón de uno por cada sede.
El plan, indicó Rodríguez, es que cada uno de esos fiscales se eche al hombro la recaudación de los impuestos morosos en cada sede y así evitar que todos los casos a nivel nacional terminen en el despacho de Hacienda en Barrio Don Bosco.
Hacienda gestionará la contratación de los fiscales de cobro en el próximo presupuesto ordinario de la República.
La creación de esas plazas dependerá del comportamiento de la recaudación de impuestos durante el 2017, para darle contenido presupuestario a esas plazas nuevas.
Con la vigencia de la reforma en materia de cobro habrá cambios en los procesos para recuperar las contribuciones al fisco que están en mora. Fernando Rodríguez recordó que con la Ley contra el Fraude Fiscal se eliminó la necesidad de que Hacienda notificara dos veces al deudor de impuestos, antes de pasarlo a cobro judicial.
"Con ese proceso podíamos notificar a los deudores una vez, pero a la siguiente ya no los encontrábamos porque cambiaban de dirección y el expediente quedaba flotante en Hacienda, provocando la acumulación de casos. Ahora no es así, pues tenemos una simplificación y un fortalecimiento de los procesos", indicó.