Villalta alega que elecciones del 2022 impiden aprobar plan de empleo público

Presidenta legislativa Silvia Hernández pide criterio técnico sobre el tema, aunque su compañero Carlos Ricardo Benavides le solicitó no caer en la “maniobra obstruccionista” del candidato presidencial frenteamplista

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A última hora, cuando el proyecto de empleo público se encuentra en la discusión previa al primer debate en el plenario de la Asamblea Legislativa, el diputado y candidato presidencial, José María Villalta, alegó que este plan no se puede aprobar por causa de las elecciones nacionales del 2022.

El político del Frente Amplio argumentó que el artículo 97 de la Constitución Política prohíbe a la Asamblea Legislativa aprobar leyes contra las cuales se haya manifestado el TSE seis meses antes y cuatro meses después de unos comicios.

El artículo 97 de la Carta Magna se refiere a “proyectos de ley relativos a materias electorales”. Este numeral, además, establece que el Congreso requiere de 38 votos para apartarse del criterio del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en reformas relativas a esta materia.

Villalta dice que el TSE objetó el proyecto que busca ordenar el gasto en las remuneraciones del Estado, mediante la introducción de un esquema de salario global en sustitución del sistema de sobresueldos.

“Este es un tema muy delicado que atañe directamente a la integridad del proceso electoral. Hay un criterio contundente del Tribunal Supremo donde cita jurisprudencia reiterada en que señala que, cuando la Constitución habla de materia electoral, se entiende también la legislación que regula la organización y el funcionamiento del organismo electoral, el propio TSE”, arguyó Villalta.

De acuerdo con el frenteamplista, el criterio del TSE es que la injerencia del Poder Ejecutivo en su planilla institucional “es algo que podría poner en entredicho la imparcialidad y neutralidad que rigen las actuaciones del funcionariado electoral”.

Dicha referencia mencionada por Villalta se encuentra en la página 8 del oficio TSE-2800-2021, emitido como respuesta a la más reciente versión del plan de empleo público, ajustada a la opinión consultiva de la Sala Constitucional.

La Sala IV declaró inconstitucional la rectoría del Ministerio de Planificación (Mideplán) sobre el TSE, entre otras instituciones independientes o con autonomía. Por ello, los diputados ajustaron el texto excluyendo los poderes Judicial, Electoral y Legislativo de esta rectoría, así como a las universidades públicas, la CCSS y las municipalidades.

“En mi opinión, no se podría votar el proyecto de ley ante el pronunciamiento tan claro del TSE, en este momento”, adujo Villalta.

Frente a la consulta hecha por el frenteamplista, la presidenta de la Asamblea Legislativa, Silvia Hernández, del PLN, le respondió que estudiaría el asunto contemplando los criterios señalados por él.

“Solicitaré criterio al Departamento de Servicios Técnicos para valorar esta información que está haciendo de conocimiento y se pueda tener una respuesta al respecto”, dijo la jerarca.

‘No sea partícipe de la maniobra’

El diputado Carlos Ricardo Benavides, de Liberación Nacional (PLN), contradijo a Hernández y, con más énfasis, a Villalta, pues dijo que la presidencia legislativa no está en la obligación de emitir ninguna resolución sobre lo que planteó el frenteamplista.

“Es una clara maniobra obstruccionista para atrasar el conocimiento de un proyecto de ley alegando una afectación inexistente de un proyecto de ley que, de aprobarse, no se pondría en ejecución durante el tiempo electoral, ni antes de las elecciones ni varios meses después, sino después de un año de aprobado y publicado. Doña Silvia (Hernández), la invito a no ser partícipe de semejante maniobra”, dijo el verdiblanco.

Como respuesta a Benavides, Villalta adujo que al verdiblanco “le parecen una maniobra los artículos de la Constitución que no le gustan, o normas que hay que brincarse” y alegó que no se trata de una opinión de él.

El liberacionista insistió en que lamentaba “que se trate de generar una maniobra a partir de la Constitución Política, más cuando es una persona suficientemente preparada y que entiende de ello”.

“Lo político a veces se impone sobre lo técnico y el conocimiento para emitir un criterio que busca retrasar un proyecto tan relevante para la sanidad de las finanzas públicas, el orden del Estado y el Gobierno”, comentó.