Los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios dictaminaron positivamente, este martes, un proyecto de ley para crear un fondo de avales que ayude a unas 18.000 empresas a conseguir créditos bancarios, para recuperarse de la pandemia.
Por una unanimidad, los 11 legisladores de ese foro votaron a favor de que pase al plenario la quinta versión que se propone, para esta iniciativa, desde que el Gobierno planteó una primera redacción hace nueve meses.
En esta nueva versión, los diputados ordenaron destinar el 80% de los recursos del fondo de avales a ayudar a empresas con menos de 100 empleados.
El 20% restante sería para respaldar créditos a compañías que superan los 100 trabajadores.
La iniciativa consiste en que el Estado cree un fondo, de unos ¢180.000 millones, el cual emita avales para que unas 18.000 empresas afectadas por la pandemia puedan acceder a créditos bancarios.
Los avales funcionarían como garantía, en caso de impago. La condición para las compañías beneficiarias es que sostengan el empleo.
La nueva redacción establecería que la cobertura de cualquier aval podrá ser de hasta el 75% de cada deuda.
El fondo se crearía con el 90% de un crédito de $300 millones otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), entidad que a su vez sería la encargada de manejar el fideicomiso del fondo de avales.
Este martes, con el voto de 46 legisladores, el plenario legislativo aprobó ese empréstito.
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Ese fondo sería administrado por un Consejo Rector integrado por el ministro de Hacienda o su viceministro de Egresos, quien lo presidirá, y dos miembros externos de “reconocida honorabilidad”, preparación académica, y experiencia en materia bancaria, financiera y empresarial.
El texto sustitutivo indica que un 40% de esos fondos serían destinados a préstamos a empresas o personas que empleen a 30 personas o menos, y otro 40% a empresas o personas que den trabajo a entre 31 y 100 personas.
La iniciativa deja claro que podrán ser beneficiarios del fondo de avales las personas físicas o jurídicas que realizan actividades comerciales o empresariales, siempre que hayan sido afectadas por la pandemia.
Esa afectación, de acuerdo con la nueva redacción, deberá ser certificada ante los bancos. Entre los requisitos para acceder al programa, destacan haber tenido un comportamiento de pago histórico aceptable, antes de la pandemia, con una morosidad igual o inferior a los dos meses de sus créditos.
Además, deben sufrir problemas de liquidez por efectos de la covid-19, tener su actividad comercial dentro del país, garantizar capacidad de pago y asumir un compromiso con la entidad financiera de mantener un número de empleados.
La iniciativa dice que los intermediarios financieros “deberán otorgar y mantener, desde la autorización del aval, una mejora en las condiciones crediticias de las operaciones avaladas”.
“Esa mejora se medirá en relación con las condiciones que hubieran correspondido en ausencia del aval, en términos de menores tasas de interés, mayor plazo o mejor estructura de amortización o cualquier otra que determine el reglamento de esta ley”, añade.
Aunque el programa de avales cuenta con el 90% del crédito del BCIE como patrimonio para fondearse, este tema deberá ser ajustado.
Esto en razón de que la nueva redacción dice que el Ministerio de Hacienda deberá girar esos recursos en cinco cuotas anuales iguales, por cinco años, pero del total de los $300 millones del crédito del BCIE.
Es decir, Hacienda deberá presupuestar una quinta parte de ese empréstito internacional por cada uno de esos años.
La diputada liberacionista Ana Lucía Delgado, presidenta del foro de Hacendarios, explicó que el texto se trabajó en el seno de la comisión y se consultaron instituciones como los ministerios de Hacienda y de la Presidencia, y el Banco Central de Costa Rica (BCCR).
“Ha sido parte de una construcción por parte de los miembros de la comisión con el fin de sacar adelante el proyecto que tanto urge para personas físicas y jurídicas de los sectores afectados por la pandemia”, expuso Delgado.
Añadió que el esfuerzo incluye corregir inconsistencias arrastrados en otras versiones, aunque el objetivo principal sigue siendo sostener el empleo, apoyar nuevos créditos o reestructurar los actuales para quienes atraviesan problemas de liquidez debido a la pandemia.
Sin embargo, pese a que aprobó el dictamen, la socialcristiana María Inés Solís dejó claro que no está de acuerdo con el exceso de regulaciones que contiene el nuevo texto.
Una de sus objeciones son los porcentajes sobre la distribución de los fondos que establecería la nueva redacción.
“En la parte de distribución de recursos se está pretendiendo que mediante ley definamos el porcentaje de recursos que van a ser designados según el tamaño de las empresas. Me parece que no hay criterio técnico para defender esas distribuciones”, aseguró Solís.
El hecho de que el tamaño de la empresa defina el acceso a esos avales, agregó la socialcristiana, sería un grave error.
“Cuando vengan los despidos en empresas con más de 100 personas por un criterio que se decidió sin estudios técnicos, me parece que será un error garrafal”, martilló la rojiazul.
La verdiblanca Yorleny León, aclaró que otorgar un porcentaje mínimo a grandes empresas (20%) y un máximo a pequeñas (40%) y medianas empresas (40%) no es ninguna ocurrencia.
“Debemos entender que, si a estos recursos no se les pone un límite de acceso al aval a las empresas grandes, medianas y pequeñas, es altamente probable que se presente un fenómeno donde un par de empresas grandes consuman la totalidad los recursos disponibles”, aseguró.
Ese “fenómeno”, agregó León, provocaría dejar sin acceso al programa a pequeñas y medianas empresas que constituyen el 92% del parque empresarial costarricense, aunque reconoció que no todas producen 100 puestos de trabajo o más a nivel individual.
“No aprobar un artículo con esa distribución es darle la espalda a ese 92% del parque empresarial que es la gente de la panadería, la señora del salón de belleza, el señor de la buseta. Las empresas grandes tienen mucha más capacidad de poder llegar al banco”, martilló León.
León concluyó que esa sería una forma de salvaguardar la sostenibilidad de ese tipo de empresas.
La diputada Solís también cuestionó el mecanismo de fondeo del programa.
“La insistencia de usar solo una quinta parte dentro del patrimonio del fondo de avales y dejar comprometido los presupuestos ordinarios de los siguientes cuatro años, me parece que estaría generando inseguridad jurídica a los acreedores”, señaló.
Hacerlo de esa forma, insistió, provocaría que se autoricen avales sobre un patrimonio total no existente.
La nueva redacción establece que los trámites para otorgar los avales debe ser en un plazo no mayor a los 18 meses. La vigencia de la iniciativa sería de 10 años.
La comisión de Hacendarios aún espera un criterio de la Procuraduría General de la República sobre la legalidad del fideicomiso que se firmaría con el BICIE.