Cinco diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC) presentaron un escrito, ante la Sala Constitucional, para solicitarles a los magistrados que no admitan la consulta facultativa sobre el proyecto de Ley Marco de Empleo Público presentada por la Corte Suprema de Justicia.
La gestión llegó a ese tribunal el martes 20 de julio, a las 6:34 p. m., y lleva las firmas de la jefa oficialista, Laura Guido, así como de los legisladores Víctor Morales Mora, Luis Ramón Carranza, Nielsen Pérez y Mario Castillo.
En el documento, los congresistas alegan que la consulta de la Corte Plena fue presentada de forma extemporánea, pues la gestión de los magistrados se produjo después de que el expediente legislativo 21.336, sobre la reforma al empleo público, ya había sido entregado al Tribunal para que se analizaran tres consultas de constitucionalidad presentadas por diversos grupos de diputados.
“Es criterio de quienes suscribimos este escrito que la consulta interpuesta por la Corte Suprema de Justicia debe ser declarada como inadmisible”, dice el documento.
La gestión de consulta presentada por la Corte Plena, por primera vez en la historia del tribunal constitucional, se enfoca en reclamar una supuesta violación hacia la independencia del Poder Judicial.
La Corte alega que se le somete a la rectoría, en materia de empleo público, del Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplán).
Los diputados oficialistas destacaron que la consulta promovida por el presidente de la Corte Plena, el magistrado Fernando Cruz, llegó al tribunal constitucional el 1.º de julio a las 11:45 a. m., casi una semana después de que el Congreso había remitido el expediente completo del proyecto.
Para el análisis de otros proyectos de ley, los magistrados constitucionales habían rechazado gestiones de consulta presentadas después de recibido el expediente, precisamente alegando que llegaron de forma extemporánea.
“Debemos hacer notar que la Corte Suprema de Justicia contó con la oportunidad y el tiempo prudencial de más de tres semanas para decidir y presentar su consulta en tiempo, según los parámetros establecidos por la ley y jurisprudencia de la Sala Constitucional”, afirman los congresistas.
El proyecto de Ley Marco de Empleo Público se aprobó, en primer debate, el 17 de junio del 2021, y se había fijado la segunda votación para el 24 de junio.
Los cinco firmantes de la nota enfatizaron que todo eso fue público y divulgado por los medios de comunicación colectiva, por lo que la Corte Plena debía tenerlo presente “para presentar de forma diligente y en tiempo” su consulta de constitucionalidad.”
“Si la Corte Suprema no cumplió con los términos de ley, se debe a la falta de previsión de la Corte Plena y sus autoridades. (...) La Corte Suprema no puede excusarse en que sus plazos o tiempos de respuesta son flexibles en virtud de su condición de órgano colegiado”, reclaman los oficialistas.
Según ellos, el argumento sería falaz porque todo órgano colegiado de derecho público puede ser convocado por su presidencia de forma extraordinaria, en caso de tener que resolver asuntos con plazos fatales o por cualquier motivo de fuerza mayor.
“Aparte de que no pueden alegar (los magistrados) ignorancia de la ley, no puede pretender la Corte, de la Sala, un trato procesal privilegiado”, indica el escrito.
El 2 de julio, la Sala Constitucional anunció la conformación del tribunal dedicado al estudio de las cuatro consultas presentadas sobre el plan de empleo público y definió como fecha fatal para emitir una respuesta el 2 de agosto.
La Ley de Jurisdicción Constitucional da un plazo de un mes calendario para responder las dudas planteadas por los congresistas sobre una iniciativa legal.
En ese momento, los magistrados enfatizaron que, pese a encargar al tribunal el estudio de todas las consultas, ello no quiere decir que todas ellas sean totalmente acogidas para estudio.
Solo se conocerá si la gestión de la Corte Plena fue admitida en el momento en que la Sala Constitucional emita su contestación.
La primera consulta presentada sobre la reforma legal fue promovida por el frenteamplista José María Villalta y otros 14 diputados, quienes se enfocaron en las presuntas violaciones de las diversas autonomías, desde la universitaria hasta la municipal, en el proyecto de ley.
Pablo Abarca, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), presentó la segunda gestión, y una tercera la lideraron Roberto Thompson, de Liberación Nacional; y Enrique Sánchez, del PAC; contra la norma sobre objeción de conciencia.