Los diputados aprobaron este martes, en su trámite de primer debate, el proyecto para eliminar el secretismo en las votaciones de la Corte Suprema de Justicia.
La iniciativa aprobada tuvo el aval unánime de los 45 congresistas presentes en la sesión plenaria, luego de conocer algunas mociones de fondo que estaban pendientes de trámite.
Con ello, nombramientos como los de la presidencia, la vicepresidencia y el jerarca de la Fiscalía General de la República tendrán que realizarse de forma pública.
Se trata del expediente 23.313, que reforma varios artículos de la Ley orgánica del Poder Judicial y establece también que todas las sesiones de la Corte Plena, que reúne a los magistrados, serán también públicas.
La única excepción para hacer sesiones de la Corte privadas será cuando se tengan que discutir asuntos que se puedan considerar secreto de Estado o sobre información confidencial de terceros, de acuerdo con la ley.
En esos casos, la privacidad de las sesiones deberá aprobarse con el voto de 15 de los 22 magistrados que integran la Corte Plena, es decir, dos tercios del total.
El proyecto había recibido un aceleronazo el 13 de setiembre, en medio de la polémica por las numerosas votaciones secretas que había hecho la Corte Plena sin éxito para elegir a su nuevo presidente, decisión que finalmente se tomó la semana pasada con la designación del magistrado Orlando Aguirre.
Específicamente, se aplican modificaciones en los artículos 15, 58 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en expediente presentado por los seis miembros del Frente Amplio.
En el caso de los artículos 15 y 59, se trata de modificaciones para eliminar el secreto en los procesos de nombramiento que actualmente realiza la Corte; de hecho, el 59 se refiere específicamente al secreto en la elección de la presidencia y la vicepresidencia de la Corte.
En el caso del artículo 58, establece que todas las sesiones de la Corte Plena son públicas, salvo en los casos de secreto de Estado o información confidencial de terceros según la ley, como ya se dijo.
Originalmente se pretendía reformar también el artículo 13, para eliminar el secreto y la privacidad en sesiones donde se discutan rehabilitaciones de funcionarios judiciales que, anteriormente, hayan sido inhabilitados por diversas situaciones, como consumo excesivo de alcohol, drogas o trastornos graves de conducta, así como auto firme de apertura a juicio, condena a prisión o sanción de impedimento para ejercer cargos públicos.
Sin embargo, este martes, esa modificación se eliminó del proyecto en cuestión, pues el jefe del Frente Amplio, Jonathan Acuña, explicó que ya en un voto de la Sala Constitucional de 1994 se había anulado dicho artículo, por lo que reformarlo carecía de sentido.
En cuanto a las sesiones en que muy calificadamente deba hacerse sesiones privadas, Acuña apuntó que fue una solicitud de los magistrados por la posibilidad de que se discutan asuntos de seguridad nacional.
La liberacionista Alejandra Larios, presidenta de la Comisión de Nombramientos, enfatizó que, precisamente luego de las reformas sobre los nombramientos parlamentarios, no podía ser de otra manera en la Corte Plena.
“Desde la Asamblea debemos procurar que se siga fortaleciendo cada día más el Poder Judicial. Yo valoro el consenso y el acuerdo que ha habido para sacar adelante este proyecto”, enfatizó la verdiblanca.
Larios enfatizó que es con acuerdos que se sacan adelante las iniciativas, que no tienen nada de malo y aseguró que lo malo es cuando se hacen negociaciones por debajo de la mesa “con intenciones que no conocemos”.
“La negociación, el acuerdo de cara a la ciudadanía, cuando decimos que queremos procurar el mayor bienestar de este país, es absolutamente sano, posible y lo mejor que podemos hacer”, manifestó la guanacasteca.
Sofía Guillén, del Frente Amplio, también cuestionó que se le hace mucho daño a la democracia cuando poderes como el Legislativo o el Judicial son “turbios” en sus decisiones.
El puntarenense Francisco Nicolás, del PLN, afirmó que la transparencia llama a los diputados sobre sus votos, y refirió que si ya un juez común debe hacer público y mostrar su voto, con mucha más razón un magistrado.
“Si aplica para los subalternos, con mucha más razón para quienes conducen un poder tan importante”, acotó y dijo que “las democracias sucumben ante el oscurantismo de las maniobras políticas, de las encerroncitas antes de votación y situaciones como esa, lo que marchita el tallo de la democacria”.