Con 40 votos a favor y ninguno en contra, los diputados aprobaron este martes una moción en la que piden al presidente Carlos Alvarado solicitar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana contra “el régimen dictatorial instaurado en Nicaragua”.
En la moción, los diputados también acuerdan “repudiar la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua y apoyar todos los esfuerzos políticos de la oposición nicaragüense para el regreso de la democracia a ese país”.
Además, solicitan la liberación inmediata de los presos políticos y apoyan la decisión del Gobierno de Costa Rica de desconocer el régimen de Ortega.
El plenario también se solidarizó con los nicaragüenses que se han visto obligados al exilio y apoyó “las acciones diplomáticas de presión que realiza la comunidad internacional” contra el régimen orteguista.
La propuesta fue impulsada, principalmente, por la liberacionista Karine Niño, como presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales del Congreso, junto con el socialcristiano Pedro Muñoz y la oficialista Carolina Hidalgo.
La Carta Democrática Interamericana de la OEA se aplica cuando hay una alteración o una ruptura del orden democrático. El proceso puede conllevar a la suspensión de un país de su pertenencia al Organismo.
En primera instancia, es necesario que el Consejo Permanente del organismo declare por mayoría simple (con 18 votos) de sus miembros que hay una alteración del orden constitucional y democrático. Si esto se avala, la OEA deberá realizar gestiones diplomáticas para tratar de resolver la crisis a través del diálogo y la mediación.
En caso de que la gestión no prospere, con el voto de dos tercios de los integrantes (24 votos) es posible convocar a una sesión extraordinaria de la Asamblea General del organismo.
De nuevo, se intentaría la vía diplomática y, de fracasar, sería necesario otra vez el voto de 24 países para suspender a Nicaragua de la OEA, con lo que dejaría de participar en los programas y actividades de la OEA, según lo establece el artículo 21.
“El Estado Miembro que hubiera sido objeto de suspensión deberá continuar observando el cumplimiento de sus obligaciones como miembro de la Organización, en particular en materia de derechos humanos.
“Adoptada la decisión de suspender a un gobierno, la Organización mantendrá sus gestiones diplomáticas para el restablecimiento de la democracia en el Estado Miembro afectado”, continúa en ese mismo artículo.
Desde la crisis política de Nicaragua en el 2018, la OEA ha iniciado gestiones para suspender a Nicaragua por medio de la activación de este mecanismo. En junio de este año, el secretario general de la Organización, Luis Almagro, solicitó la suspensión de este país del organismo multilateral por el incumplimiento de garantías democráticas, luego de que Daniel Ortega ordenara el encarcelamiento de los líderes opositores.