Los diputados aprobaron, en primer debate, la Segunda modificación presupuestaria al Presupuesto Nacional 2023, que conlleva ¢4.100 millones destinados a reforzar el Ministerio de Seguridad Pública (MSP).
La iniciativa de ley se aprobó la noche del jueves con el aval de 34 legisladores de cinco fracciones parlamentarias: Liberación Nacional (PLN), Progreso Social Democrático (PPSD), Unidad Social Cristiana (PUSC), Nueva República (PNR) y Liberal Progresista (PLP).
En tanto, los seis integrantes del Frente Amplio votaron en contra de la modificación presupuestaria.
El expediente 23.732 originalmente movía ¢6.000 millones para reforzar el presupuesto del Ministerio de Seguridad, ante la creciente ola de homicidios y actos delictivos que se han presentado durante el año.
Sin embargo, los congresistas de la Comisión de Hacendarios no estuvieron de acuerdo en que el Poder Ejecutivo quitara ¢1.900 millones de la partida de transporte de estudiantes del Ministerio de Educación Pública (MEP).
Eso significó que el presupuesto extra aprobado finalmente para Seguridad sea de ¢4.100 millones.
Específicamente, el dinero se utilizaría para crear 300 plazas de policías y financiar insumos básicos para los oficiales de la Fuerza Pública, así como trasladar ¢35,6 millones para que el Ministerio de Justicia y Paz pague pólizas de responsabilidad civil de sus policías.
Los ¢4.100 millones aprobados provienen de partidas que estaban destinadas al Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (Sinaes), con ¢700 millones; varios subprogramas del MEP, como el de Hablemos Portugués, con ¢400 millones; expropiaciones del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), con ¢1.500 millones; y un cableado de telecomunicaciones del aeropuerto de Limón, con ¢250 millones.
Además, se tomaron ¢650 millones al Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) que estaban destinados a rubros como alquiler de equipos de cómputos, gastos de transporte, maquinaria, equipo y mobiliario, combustibles, materiales de limpieza y otros.
A ello se suman ¢200 millones del Consejo Técnico de Aviación Civil (CTAC) y ¢200 millones del Programa de Edificaciones Nacionales del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), entre otros rubros.
“No es posible que le quitemos plata a educación, como se hace en este presupuesto, para darla a seguridad”, criticó el frenteamplista Ariel Robles.
Él también dijo que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, debería estar preocupado por la educación y la ruta crítica que afrontan “los hijos de La Carpio” y dejar de “preocuparse por los hijos del banquero”, en referencia a Leonel Baruch.
La discusión sobre el presupuesto se efectuó después de lo revelado por la expresidenta del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Gloriana López Fuscaldo, quien dijo un asesor de la Presidencia le pidió poner especial atención al caso de la custodia de los hijos de Baruch, quien es propietario del medio CRHoy.
“¿Cómo es posible que la gente se tenga que tirar a la calle para reclamar un presupuesto de educación? Eso es lo que esta Asamblea debería discutir, que mamás de una comunidad urbano marginal se tiran a la calle porque no hay plata para sus becas.
“De esos niños y niñas me gustaría estar hablando, pero el presidente prefiere preocuparse por los hijos de su adversario político. Pararse a defender eso debería dar una profunda vergüenza”, añadió el frenteamplista.
Jonathan Acuña, también del FA, criticó que el Gobierno haya propuesto recortar ¢3.200 millones a la inversión en educación, lo que pone a Costa Rica frente a la inversión en educación más baja de los últimos años.
Gilberto Campos, del Liberal Progresista (PLP), destacó la necesidad de más policías, botas, chalecos antibalas y patrullas para la Fuerza Pública, así como la instrucción de los oficiales para mejorar el combate a la inseguridad.
“Ante la conciencia de todas esas necesidades, señalamos la necesidad de hacer una revaloración del presupuesto”, justificó.
En cuanto al PLN, que votó en contra el Primer Presupuesto Extraordinario, por la falta de entendimiento entre el Gobierno y las universidades por el traslado de recursos al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), como parte de su promesa de no aprobar ninguna modificación presupuestaria, flexibilizó su posición en el dinero sobre seguridad.
Así lo anunció el jefe de Liberación, Óscar Izquierdo, por la gran necesidad que atraviesa el país en ese tema. “Espero que el Gobierno sepa leer la actitud que está asumiendo el PLN, porque con esta nueva oportunidad le decimos al país que somos consecuentes con la educación, responsables con el combate a la inseguridad y el crimen organizado, pero también que estaremos vigilantes para que el Gobierno cumpla”, dijo.