Un grupo de 20 diputados bloqueó, este martes, el avance del crédito rápido de $508 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el cual el Gobierno considera urgente para financiar los gastos del Estado.
El bloqueo se dio cuando un grupo de jefes de fracción propuso una moción para extender la sesión del plenario de la mañana y, de esa forma, finalizar los discursos de fondo sobre el préstamo para dar pie a la votación en primer debate.
En ese momento, había 44 legisladores en el plenario y solo 24 estuvieron de acuerdo con la votación, amén de que se requería de 38 votos para extender la sesión.
Por decisión del plenario, las sesiones extraordinarias se celebran de 9:15 a. m. a 12:30 p. m. y cualquier acuerdo para extender esas sesiones debe tener el aval de una mayoría calificada.
El grupo en contra de la moción lo conformaron:
-Seis diputados del bloque fabricista Nueva República (PNR): Carmen Chan, Harllan Hoepelman, Jonathan Prendas, Nidia Céspedes, Marolin Azofeifa e Ignacio Alpizar.
-Cuatro de la Unidad Social Cristiana (PUSC): Shirley Díaz, Aracelly Salas, Óscar Cascante y María Inés Solís.
-Tres de Liberación Nacional (PLN): Franggi Nicolás, Yorleny León y Aida Montiel.
-Dos de Restauración Nacional (PRN): Mileidy Alvarado y Floria Segreda.
-Dos de Integración Nacional (PIN): Wálter Muñoz y Patricia Villegas.
-Uno del Frente Amplio (FA): José María Villalta.
-Los independientes Zoila Volio y Erick Rodríguez.
El expediente 22.018 contiene la autorización para que el Ejecutivo contrate un crédito de $508 millones por medio del Instrumento de Financiamiento Rápido con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El plenario pudo entrar a dicha discusión luego de que el Poder Ejecutivo desconvocó todos los proyectos que estaban en la agenda del plenario, para allanar el camino a esa iniciativa.
Sobre el rechazo a la moción, la restauracionista Mileidy Alvarado dijo: “No lo consideré necesario”.
La liberacionista León adujo que su voto se debió a dos razones, básicamente: primero, que en la Comisión de Sociales avanzaría el proyecto de reforma a la Ley del Consejo Nacional de la Educación Superior Privada (Conesup) y la otra era que ella se enteró de la moción para extender la sesión en el momento que se leyó.
“O sea, nadie, ni de la fracción ni de ninguna de las otras bancadas llegó a consultar si estábamos de acuerdo, como suele suceder en otras discusiones”, comentó. “Siento que es una falta de cortesía de parte de los compañeros”, indicó.
En tanto, según Volio, su razón para bloquear el avance del proyecto fue “muy simple”, pues alegó que “todo se hace de una forma poco transparente” y calificó que poner la moción a discusión tres minutos antes fue una “jugada”.
“Yo no estoy de acuerdo ya que las cosas se hagan impuestas, ni votar una moción sin haberla puesto en conocimiento, sensibilizado, comentado o preguntado. No me gustan las sorpresas por debajo de la mesa”, dijo.
Añadió que todavía tiene en duda su voto por el fondo, porque cree, al igual que Villalta, que el Ejecutivo no se ha sentado con los diputados a explicar la ruta con el FMI, no solo en este proyecto, sino tampoco con los que siguen.
“A veces me siento que nos quieren como tontos útiles, solo como aquí va la moción, ¡vótenla!”, enfatizó y dijo que, en la legislatura pasada, todo se tomaba en acuerdo con todos los jefes e, incluso, los independientes.
Añadió que la situación no puede seguir así y manifestó que es hora de “poner las cosas en su lugar”.
Erick Rodríguez aseguró que los partidos mayoritarios quisieron pasar la aplanadora, “como siempre”. También se refirió a la falta de informes quincenales sobre la utilización del préstamo del Banco de Desarrollo de América Latina (antigua Corporación Andina de Fomento).
“No podemos seguir hipotecando el país y dando cheques en blanco”, indicó Rodríguez.
Mientras tanto, la restauracionista Floria Segreda aseguró que hubo falta de claridad sobre las razones para ampliar la sesión.
“Querían meter otros proyectos”, agregó Segreda.
La socialcristiana María Inés Solís indicó que los jefes de las fracciones nunca hablaron de extender la sesión y, de repente, llegó una moción a la presidencia supuestamente de las jefaturas, pero que no estaba firmada por todas ellas.
Solís apuntó que, incluso, Shirley Díaz reclamó que supuestamente había acuerdo de jefes, pero que, al enterarse de que no todos los jefes sabían, entonces ya no avalaron extender la sesión.
El contrato de financiamiento fue solicitado por el Gobierno a principios de abril y aprobado por el FMI a finales de ese mes. Se trata de un empréstito para apoyo presupuestario.
En la Comisión de Hacendarios, los diputados determinaron que el 90% del préstamo se utilice para cubrir los gastos del Presupuesto Nacional 2020 y el 10% restante, $50 millones, se destinen para amortizar la deuda del Gobierno Central con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
El Ejecutivo no podrá utilizar los recursos para fines distintos, aunque sí se autorizó que el Gobierno pueda hacer las modificaciones presupuestarias necesarias, mediante decreto ejecutivo, para incorporar esos recursos al canje de deuda.
El crédito se desembolsará en un solo tracto y los recursos le llegarán al Gobierno Central.
El préstamo tiene una tasa de interés del 1,55% anual, con un plazo de cinco años, con pagos trimestrales a partir de los tres años y tres meses después del desembolso.
Según el ministro de Hacienda, Elian Villegas, los canjes de deuda le podrían generar, al Gobierno, un ahorro de $100 millones durante los cinco años de plazo del empréstito, gracias a la reducción del pago de intereses, con un 1,55% anual en vez del 7,5% anual en el mercado local.