Once años después de haberlo congelado, la Contraloría General de la República (CGR) reabrió un proceso sancionatorio contra la empresa Alcatel CIT por pagar dádivas para ganar un contrato del ICE en el 2001.
La investigación podría acarrearle a la compañía una inhabilitación de dos a diez años para contratar con el Estado, según el artículo 100 de la Ley de Contratación Administrativa.
El órgano contralor había suspendido el proceso en el 2005, a la espera de que el escándalo de corrupción ICE-Alcaltel se resolviera en los tribunales, pues, antes de ello, no podía acceder a las pruebas del caso.
En los estrados judiciales, el procesó concluyó el pasado 19 de agosto, cuando la Sala Tercera rechazó un recurso de casación del Ministerio Público.
Ese era el último instrumento jurídico que tenía la Fiscalía para revertir la resolución del Tribunal de Apelación que, en diciembre del 2015, absolvió al expresidente Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002) del supuesto delito de instigación.
Hace cinco años, Rodríguez había sido condenado a cinco años de prisión por presuntamente inducir a otros para que se le exigieran dádivas a la empresa francesa Alcatel a cambio del otorgamiento de un contrato por $149 millones con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), para la instalación, en el país, de 400.000 líneas GSM.
Si bien el expresidente Rodríguez fue absuelto, otros imputados fueron condenados por recibir dádivas y, por ende, la telefónica fue condenada, en el 2011, como responsable solidaria.
En el 2008, Alcatel se fusionó con Lucent Technologies y ahora opera bajo el nombre Alcatel-Lucent. De hecho, Alcatel-Lucent fue la compañía que pagó una indemnización de $10 millones al ICE por daños y perjuicios en agosto del 2015. El monto fue definido en acuerdo extrajudicial.
El proceso que ahora se retoma fue abierto en octubre del 2004 por el entonces contralor Álex Solís y se enfoca en las empresas Alcatel CIT S. A., domiciliada en París, Francia, y su sucursal en Costa Rica, del mismo nombre.
La oficina de prensa de la Contraloría confirmó que el caso se reabrió en agosto pasado.
En la investigación no figura ninguna persona física.