El gobierno nombrará en propiedad a 10.000 funcionarios públicos que actualmente ejercen plazas de interinos. Así lo anunció este miércoles Laura Fernández, ministra de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán).
Según Fernández, se trata de funcionarios que, desde hace más de dos años, ocupan plazas interinas. Un grupo de 8.000 trabajadores ya está seleccionado para una primera etapa, mientras que 2.000 quedarán para la segunda.
La ministra dijo que el plan busca cumplir con las disposiciones transitorias de la Ley Marco de Empleo Público, las cuales establecen en su artículo 26 que, en un plazo no mayor a un año, luego de su entrada en vigencia, las instituciones debían diseñar un plan para nombramientos en propiedad a aquellas plazas interinas con dos o más años en esa condición.
La mayor parte de las plazas que serán transformadas corresponden al Ministerio de Educación Pública (MEP), con 7.400 de los 10.000. Entre las personas beneficiadas, hay personal docente, administrativos, cocineras, auxiliares de vigilancia y oficiales de seguridad de centros educativos.
A ellos se suman servidores de servicios itinerante en Educación Especial y docentes de enseñanza preescolar.
Durante esta primera etapa, además de los nombramientos del MEP, se unirán otras 678 plazas interinas de otras instituciones públicas en distintos puestos.
Anna Katharina Müller, ministra de Educación, mencionó que, en el caso de las personas funcionarias que cumplan requisitos y no estén incorporadas en el registro de elegibles, podrán iniciar el proceso para completar y aprobar sus pruebas. Durante ese tiempo, la plaza que ocupen permanecerá reservada mientras logran su cumplimiento.
La cifra de funcionarios que será nombrados en propiedad se irá aumentando conforme el avance que tengan otras instituciones en sus planes de empleo público.
Para el desarrollo y coordinación de los procedimientos para los nuevos nombramientos, el Mideplán trabajará junto a la Dirección General de Servicio Civil (DGSC).
El Mideplán es el órgano rector en materia de empleo público y está a cargo de la transición que el sector estatal debe hacer en el marco de la ley, la cual establece un nuevo régimen laboral para los trabajadores que forman parte de la planilla estatal.