El Poder Judicial no se ha dormido en los laureles. Ante los inminentes cambios que sufrirá la legislación penal en los próximos meses, sus autoridades trabajan, desde ahora, en planificar la transformación que afectará su estructura interna.
El tema ha estado sobre el tapete de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, fiscales, defensores, administradores, economistas y estadísticos, quienes procuran definir un mecanismo que permita concretar con celeridad la reorganización de diversas dependencias en esa institución.
El magistrado Daniel González aseguró que es difícil cuantificar en este momento el costo que esta reestructuración implicará, aunque manifestó que --a su juicio-- "demandará menos recursos que los que consume el sistema actual".
"La idea es tocar lo menos posible la estructura de los tribunales. No se crearían nuevas dependencias, aunque sí se cerrarían otras; básicamente se fortalecería la estructura del Ministerio Público", indicó González.
Hay que resaltar, además, que en una disposición transitoria contemplada al final del proyecto del nuevo Código Procesal Penal se establece que en los dos primeros años de vigencia de esta normativa, "la Corte Suprema de Justicia podrá trasladar a funcionarios de una circunscripción a otra, abrir o cerrar oficinas, asignar recargos, reorganizar despachos y redistribuir la competencia territorial de los tribunales (...) ".
El magistrado explicó que en el caso de los actuales jueces de instrucción y funcionarios de estas dependencias, lo que enfrentarían sería un cambio de sus funciones.
La Nación intentó localizar ayer al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Edgar Cervantes, y al jefe del Ministerio Público, Carlos Arias, para que se refirieran a tales permutas, pero no fue posible ubicar a ninguno de ellos en sus oficinas.
Las opiniones
Al margen de los cambios internos en el Poder Judicial, diversos expertos penalistas consultados ayer calificaron como muy positivas las transformaciones que se barajan en la Asamblea Legislativa.
El abogado Francisco Castillo elogió particularmente los cambios anunciados al proceso penal y la nueva ley de justicia penal juvenil, pero advirtió que "eso no va a detener el problema de la delincuencia, como demagógicamente se ha hecho creer".
Empero, fustigó la concepción planteada en la nueva versión del Código Penal, ello por cuanto --estimó-- constituye un retroceso en aspectos como la concepción general del delito y las penas alternativas.
Ulises Odio, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, expresó un criterio mucho más positivo al asegurar que se logrará un trámite más expedito de los casos penales.
Finalmente, el penalista Rafael Gairaud compartió el criterio anterior y manifestó que con las transformaciones "se trae al presente al ordenamiento penal costarricense, que estaba retrasado en diversas teorías".