La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva, denunció esta tarde que los recortes que se discuten en la Asamblea Legislativa ponen en peligro el trabajo de los tribunales de justicia y de los órganos de investigación judicial.
Según Villanueva, desde la vigilancia y mantenimiento de los edificios hasta el alquiler de inmuebles, se verían afectados e impedirían una mejora en el combate de la criminalidad organizada y común.
Entre las propuestas de los diputados de la Comisión de Hacendarios están reducir el presupuesto del Poder Judicial en telecomunicaciones, alimentación, licencias de equipo de cómputo, agua, electricidad y vehículos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la flotilla del Poder Judicial en general.
Según la presidenta de la Corte, se afecta el pago de indemnizaciones y el resguardo de equipo médico legal que se emplea en peritajes e investigaciones.
Francisco Segura, director del OIJ, dijo que la reducción en el dinero afectaría la compra de chalecos y de vehículos, algunos de los cuales dice que tiene entre cuatro y seis años de servicio al PJ.
Villanueva aseguró que hay recortes por ¢1.182 millones de colones que afectarían la plataforma de investigación policial, de la cual dependen todos los mecanismos de investigación de ese poder.
El fiscal general, Jorge Chavarría, también reclamó por la reducción de las partidas al Presupuesto y aseguró que el Ministerio Público es víctima de esa pretensión de los diputados.
El primer paquete de recortes que se aprobó en la Comisión de Hacendarios del Congreso es una propuesta del Frente Amplio, la moción 113, con recortes en varias partidas hasta por ¢8.100 millones.
Pero Villanueva advirtió que hay más mociones por discutir, que amenazan otras partidas presupuestarias.
La presidenta de la Corte pidió a los legisladores, en conferencia de prensa, que revisen las rebajas ya aprobadas.
Además, indicó que antes de que el Presupuesto Ordinario del 2015 llegara al Congreso (1.º de setiembre), ya se había reducido en ¢4.000 millones la propuesta de gastos.
La magistrada presidenta dijo que, además, se aprobaron recortes por ¢3.900 millones que no se han incluido en ninguna moción y otros ¢1.100 millones ante solicitud del Poder Ejecutivo, que tampoco se han traducido en una moción.
La discusión en la Comisión de Hacendarios seguirá hasta el 20 de octubre, fecha en que los diputados deberán emitir un dictamen sobre el plan de gastos del Gobierno para el próximo año.