El Partido Liberal Progresista (PLP) propuso redirigir ¢38.300 millones que el Gobierno presupuestó como aporte para convertir al país en miembro pleno del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), hacia la lucha contra la ola de violencia que ha dejado más de 700 asesinatos este año.
La iniciativa fue presentada por Eli Feinzaig, jefe de fracción del PLP, y sus compañeros Gilberto Campos y Jorge Dengo, dentro de un paquete de cinco mociones de reforma al Presupuesto Nacional 2024, el cual está en la fase final de debate en la comisión legislativa de Asuntos Hacendarios.
Con estos ajustes, el Liberal Progresista pretende aumentar el presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública del próximo año en ¢17.544 millones, para fortalecer la seguridad ciudadana; y destinar otros ¢2.500 millones al Ministerio de Justicia para mejorar el sistema penitenciario.
Asimismo, propone asignar ¢5.861 millones a la Fiscalía para la creación de 150 plazas, incluyendo fiscales y técnicos judiciales, y ¢12.437 millones al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), de los cuales ¢4.451 millones se dirigirían a recursos operativos y ¢7.986 millones a plazas operativas.
Con respecto a la CAF, la idea de la administración Chaves es convertir a Costa Rica en miembro pleno de dicho organismo con la intención de tener acceso a mayor financiamiento en condiciones blandas y poder participar en la toma de decisiones.
Lo anterior implicará hacer un aporte por $300 millones. La propuesta del Gobierno es completar dicha suma en cuotas anuales de $60 millones en un periodo de cinco años. Precisamente, el PLP sugiere tomar la partida correspondiente al año entrante para destinarla a seguridad.
Nogui Acosta, ministro de Hacienda, calificó la propuesta como falta de visión y argumentó que se estarían perdiendo oportunidades de inversión en infraestructura, seguridad, y otros proyectos a largo plazo.
Además, señaló que los recursos destinados al CAF están fuera de las restricciones de la regla fiscal debido a su naturaleza de inversión, por lo que se tendría que valorar si su redireccionamiento afectará el tope de esta norma que contiene el crecimiento del gasto público.
“Se debe tener mucho cuidado con propuestas que pueden sonar muy bonitas pero que al final de cuentas tienen un precio que lo paga la sociedad”, manifestó el ministro.
Feinzaig enfatizó que la prioridad del país es abordar la creciente crisis de inseguridad, en lugar de completar la membresía del CAF, especialmente considerando el alto endeudamiento público que supera el 60% del producto interno bruto (PIB).
Por su parte, el diputado Gilberto Campos subrayó la importancia de proteger la vida humana como la principal prioridad del partido.
Arias pide declarar emergencia por inseguridad
El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, subrayó la importancia de comprender adecuadamente el alcance de una declaratoria de emergencia nacional, como la que los diputados instaron al Gobierno a aprobar debido a la crisis de inseguridad que atraviesa el país.
Señaló que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, tiene razón al manifestar que no se trata de un régimen de excepción, similar al que se ha implementado en El Salvador.
Arias sostuvo que una declaratoria de emergencia proporcionaría al Gobierno mayor flexibilidad y facultades para actuar con celeridad, lo que incluiría la capacidad de utilizar fondos de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y de captar recursos de otras instituciones.
“A mí me parece que esa es una cosa que se debería hacer, es un buen mensaje que recibiría la población costarricense”, indicó.
Consideró que si el mandatario no puede declarar una emergencia debido a limitaciones presupuestarias, aún existen otras opciones. Podría, por ejemplo, solicitar recursos a las instituciones autónomas y a los bancos comerciales públicos como una alternativa de financiamiento.
Arias insistió en que Costa Rica enfrenta una situación de emergencia que exige aplicar las medidas que sean necesarias.
Destacó que el Estado no se limita al Poder Ejecutivo, sino que engloba a todas las instituciones públicas. “Creo que hay que ampliar la mira y buscar una coordinación que se puede estar trabajando para buscar aportes de otras”, manifestó.