La fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) anunció, este domingo por la tarde, a través de un comunicado de prensa, su duda de que sea necesario derogar la Ley contra el ingreso de capitales extranjeros firmada durante la administración Chinchilla.
Además, manifestó que se opone al plan del Gobierno para eliminarla.
El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, mencioncó esa iniciativa como una de las acciones más urgentes para enfrentar la crisis de liquidez de la actual administración, durante la cadena nacional del martes 1.° de agosto.
La intención del Poder Ejecutivo es derogar la ley que impide el ingreso al país de grandes capitales extranjeros, que se invierten y salen del sistema financiero a conveniencia, conocidos como capitales golondrina.
Pero la jefa de la fracción liberacionista, la diputada Karla Prendas, alega que esa es una ley que permanece inactiva, o sea, que solo se aplica cuando "se declare un desequilibrio económico nacional, provocado por el ingreso masivo de dinero al país".
"Esa ley permite que el Ejecutivo pueda incrementar por un máximo de seis meses los impuestos aplicables sobre intereses, rendimientos y ganancias de capital que los bancos paguen a personas físicas o jurídicas extranjeras. El incremento de esos impuestos puede llegar, como máximo, a los 25 puntos porcentuales", explica el comunicado liberacionista.
Según Prendas, esa limitación para el ingreso de capitales "no es antojadiza", sino que solamente la puede hacer el Banco Central de Costa Rica por acuerdo de la mayoría calificada de su Junta Directiva.
La iniciativa para limitar el ingreso e inversión de grandes capitales extranjeros en el país se planteó como una medida para desincentivar la entrada de dineros de dudosa procedencia, durante el gobierno de Laura Chinchilla.
Viceministro de Hacienda: 'Es clave para los grandes inversionistas'
Ante la posición planteada por Liberación Nacional, el viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, no solo lamentó la posición de la bancada, sino que además ratificó que se trata de un proyecto de ley urgente en el corto plazo. Aseveró que la existencia de esa ley aleja la atracción de grandes inversionistas como una opción para la imposibilidad de colocar eurobonos actualmente.
El problema de esa ley para ahuyentar los capitales golondrina es que no hace una distinción entre capitales de corto y de largo plazo. Las grandes inversiones monetarias de corto plazo son las que generan más sospechas de un origen irregular, detalló.
"La intención de derogarla tiene dos causas: una es que diversos bancos de inversión internacionales están dispuestos a venir al país, pero la existencia de esa ley crea la posibilidad de un impuesto mayor sobre las inversiones. Si esa ley se podría activar, eso crea incertidumbre sobre ganancia final que podrían tener. Ellos podrían ayudarnos a solucionar la liquidez, si buscamos forma de sacarnos de esto", explicó Rodríguez.
La otra razón, detalló el viceministro, es que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) tiene varios códigos sobre la liberalización de capitales y en el cógido número siete dice que las normas sobre supervisión y protección de ahorros no deberían "crear oposición a que los inversionistas extranjeros puedan actuar de igual manera que los nacionales".
"Ellos nos han recomendado que modifiquemos esa ley", comentó el viceministro de Hacienda.
En la reunión de los jefes de las nueve fracciones legislativas, el jueves pasado, Hacienda les comentó a los diputados sobre la necesidad de esta iniciativa, pero Rodríguez asegura que no dio tiempo de explicar claramente su sustento técnico y, por eso, lamentó que Liberación Nacional se precipitara.
Para el Gobierno, es mejor derogar la ley 9227, Ley para desincentivar el ingreso de capitales externos, y luego, de ser necesario, crear una nueva regulación sobre los grandes capitales que se invierten en plazos cortos, que son de carácter especulativo.
La iniciativa ya está en la Asamblea Legislativa, bajo el número de expediente 20.439.
Además de Prendas, el diputado Olivier Jiménez dijo que la ley vigente es "un buen instrumento de política monetaria y tributaria del Banco Central y el Ministerio de Hacienda para resguardar los recursos de los costarricenses y evitar los efectos nefatos de los capitales golondrina en las economías".
A la vez que la fracción del PLN rechazó "rotundamente" la posibilidad de avalar esa derogatoria, lanzó más dudas sobre la veracidad de que el Gobierno tenga una crisis de liquidez, luego de que el propio Fernando Rodríguez y el ministro de Hacienda, Helio Fallas, dijeran que hay posibilidad de pagar deudas y gastos corrientes para este año.
"Estamos esperando las decisiones de política financiera del Gobierno Central que resuelvan esta supuesta baja en la liquidez del Gobierno, que el presidente asuma su responsabilidad junto con el Ministerio de Hacienda y que suspenda totalmente la publicidad multimillonaria del Gobierno Central y de las instituciones autónomas a partir del lunes próximo", dice la nota firmada por Prendas y Jiménez.
Los legisladores también reclaman que el propio Luis Guillermo Solís es quien debe convocar a "todos los grupos políticos, económicos y sociales del país a un gran diálogo nacional" para resolver el problema fiscal de forma integral y progresiva.