El Poder Ejecutivo ya envió la lista de proyectos de ley que se verán en el primer periodo de sesiones extraordinarias de la legislatura 2014-2015.
En la lista de iniciativas destacan la reforma constitucional para establecer un procedimiento disciplinario contra los diputados, por faltas al deber de probidad, y la iniciativa para establecer la libertad religiosa y de culto.
En la convocatoria, que habilita al Congreso para iniciar labores desde el lunes próximo, en la ruta marcada por Zapote, se incluyeron 70 iniciativas de ley.
Entre estas también se incluyó el plan para construir por vía de fideicomiso la carretera entre San José y San Ramón, la Ley de Biocombustibles, el impuesto a los moteles y lugares afines y el plan de mejoramiento de la gestión de cobro de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
La creación del Ministerio del Deporte (Midepor), la ley para la gestión integrada del recurso hídrico y la reducción del plazo de espera para una segunda ronda electoral también se colaron en la agenda legislativa de las extraordinarias.
Tal como lo establece la Constitución Política, durante el mes de agosto el Gobierno tiene la potestad de definir las discusiones y votaciones en las comisiones dictaminadoras, en las comisiones plenas y en el plenario.
Precisamente, esta mañana, el ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez, se reunió con los jefes de fracción del Congreso para terminar de dar forma a esa lista de 70 iniciativas de ley.
En esa cita, los jefes políticos le reclamaron al ministro la ausencia del diálogo entre la Casa Presidencial y la oposición.
La lista de proyectos también incluye un expediente sobre la regulación del lobby o negociación política en la función pública, la derogatoria de leyes caducas, la limitación a las remuneraciones del sector público y la titulación en zona fronteriza, entre otros.
Tras su reunión con los diputados, el ministro Jiménez aseguró que el periodo se aprovecha sobre todo para aprobar o avanzar en proyectos de ley cuya tramitación ya esté bastante madura.
En ese sentido, el Ejecutivo prefirió no incluir iniciativas que generen polémica entre partidos políticos y sectores sociales, como el del permiso a la fertilización in vitro y el de las uniones civiles entre personas del mismo sexo.