Con el marco jurídico vigente, en el país no puede entrar empresas privadas a competir con el ICE en la prestación de cualquier servicio que use el espectro radioeléctrico.
Esto cubre servicios celulares, Internet y radiocomunicación, entre otros.
Lo señaló la Procuraduría General de la República en una opinión jurídica no vinculante y mediante la cual respondió varias consultas que plantearon los diputados miembros de la comisión mixta que discute una reforma a la Ley del ICE.
Solo la Asamblea Legislativa tiene la potestad de autorizar que operadores privados utilicen el espectro radioeléctrico, agregó ese órgano.
Planteó que existen dos vías. Una es que el Congreso conozca una a una las concesiones que se quieren otorgar.
La segunda opción es que los diputados aprueben una ley marco que autorice a la administración pública para hacer las concesiones.
El diputado Carlos Ricardo Benavides dijo que esta opinión clarifica el trabajo que busca hacer la comisión mixta.
Este órgano pretende estudiar un proyecto de ley que permite romper el monopolio de las telecomunicaciones.
El tema de la apertura cobró relevancia en el país después de la advertencia que hizo el representante comercial de los Estados Unidos, Robert Zoellick, el 1.° de octubre.
Ese día dijo que si Costa Rica no hacía algún tipo de apertura en el sector podía quedar excluido del Tratado de Libre Comercio que Centroamérica negocia con Estados Unidos.
Diputados, expresidentes, representantes de grupos empresariales, así como miembros del Poder Ejecutivo y la administración del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) se han manifestado sobre el tema.
Sin embargo, los grupos sindicales siguen advirtiendo que se opondrán a una discusión apresurada sobre la apertura en telecomunicaciones y presionada por Estados Unidos.
Contenido de la ley
En un legajo de 25 páginas, la Procuraduría expuso que si se impulsa una ley para autorizar a la administración a dar concesiones debe cumplir con varios requisitos.
Dijo que tiene que establecer las condiciones y procedimientos para otorgar las concesiones, así como las obligaciones y los derechos del concesionario.
Señaló que la normativa que se impulse para que la administración otorgue concesiones del uso del espectro debe contener especificaciones sobre régimen de cánones y tarifas, derechos de los usuarios de los servicios, regulaciones y sanciones.
La Procuraduría General justificó que los servicios que usan el espectro están protegidos por el artículo 121 de la Constitución Política.
“Fuera de la Ley de radio para los servicios de radiodifusión, no existe legislación donde se regule la participación privada en materia de telecomunicaciones”, puntualizó parte del documento.
La Procuraduría hizo la observación de que tampoco se han emitido disposiciones para regular “otros tipos” de comunicaciones no inalámbricas.
Señaló que solo el Instituto Costarricense de Electricidad puede dar los servicios de telefonía y radiotelefonía, están exclusivamente en manos del ICE y de su subsidiaria, RACSA.