En medio de la huelga de los empleados del Poder Judicial, molestos porque los diputados se disponen a reformar su régimen de pensiones, legisladores del PAC, del PUSC y del Movimiento Libertario se comprometieron a apegarse a las recomendaciones técnicas de la UCR para rescatar ese régimen jubilatorio.
Franklin Corella y Marcela Guerrero, del Partido Acción Ciudadana (PAC); Johnny Leiva, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), y Natalia Díaz, del Movimiento Libertario, insisten en que la reforma que saldrá de la Comisión Especial de Pensiones nada tiene que ver ni con la propuesta de la Superintendencia de Pensiones (Supén) ni con la propuesta de los gremios judiciales.
La decisión de los legisladores de no tomar como texto base la propuesta sindical de reforma a las pensiones es lo que enojó a los empleados de la Corte Suprema de Justicia y los tiene en la calle, exigiendo que se trabaje únicamente sobre su texto.
Esa posibilidad se desechó el miércoles pasado y ya ni siquiera Sandra Piszk, de Liberación Nacional (PLN), cree que sea posible volver a ese texto. La congresista aseguró que se harán los cambios recomendados por los actuarios del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica (UCR) "hasta donde se pueda".
Eso implica que tanto Liberación como el Frente Amplio buscan una salida más política que una técnica, como consideran urgente el PAC, el PUSC y el Libertario.
"Yo lo que veo es que para resolver el problema hay que hacerlo con discusiones por el fondo, pero los gremios se han quedado en la forma, en el texto, que si es el texto de uno o el de otro, pero ese no es el problema. El problema es resolver por el fondo la problemática de las pensiones del Poder Judicial", dijo Johnny Leiva, presidente de la Comisión Especial de Pensiones.
En el estudio presentado por la UCR a los diputados, se prevé que el Régimen de Pensiones del Poder Judicial empiece a deteriorarse en el 2029, cuando las contribuciones al régimen serán insuficientes para pagar las pensiones y se tomarán los intereses generados por las inversiones de la reserva para hacerle frente al pago mensual de jubilaciones.
Por eso, la Universidad recomendó un fuerte recorte en los beneficios de jubilación, como elevar de 60 años a 65 años la edad de jubilación (como el el régimen de la CCSS) y que el aporte de empleados y pensionados pase del 11% al 15%.
La propuesta es aplicar los cambios de manera inmediata y sin gradualidad, una vez que sean aprobados en la Asamblea Legislativa.
Pero mientras que las autoridades del Poder Judicial se comprometieron a acatar las recomendaciones de la UCR, los empleados se fueron desde el miércoles pasado a la huelga, porque exigen que las reformas se hagan con base en la propuesta que ellos presentaron desde hace varios meses y no en la que está actualmente acogida para estudio, que fue presentada por la Supén.
Piszk negó que Liberación apoye los argumentos ni la huelga de los empleados judiciales, aunque el PLN hubiera apoyado volver al texto gremial la semana pasada. Este lunes, por vía telefónica, enfatizó que ya a estas alturas es imposible regresar al documento propuesto por los empleados de la Corte.
Esa reforma que los empleados piden pondría un tope de ¢4,7 millones a las pensiones, mientras que la Universidad recomendó un techo de ¢4 millones; además, dejaría la cotización de los empleados en un 11%, como actualmente, pero el informe académico pide elevarlo al 15%.
La pensión que solicitan los empleados sería del promedio de los últimos 120 salarios (10 años de servicio), mientras que la UCR recomienda entre un 72% y un 85% del promedio de los últimos 24 salarios.
Para Marcela Guerrero, del PAC, el tiempo de tomar decisiones llegó, máxime que el plazo para que la Comisión de pensiones dictamine vence el próximo lunes, 31 de julio.
"La solución no es política, sino técnica. Cabe resaltar que el estudio de la UCR no lo pidió la Asamblea, sino la Corte y estarían desconociendo un segundo estudio, porque ellos ya desconocieron el de Melinsky (un actuario de Argentina)", comentó Franklin Corella.
El oficialista aclaró que el texto final no será ni el de los gremios judiciales ni el de la Supén, sino uno nuevo, con las recomendaciones técnicas de la Universidad.
La libertaria Natalia Díaz sentenció que la huelga judicial no se justifica, porque ellos no están aprobando de ninguna forma el texto propuesto por la Supén y explicó que, además de la sesión de este miércoles por la mañana, se realizarán dos sesiones extraordinarias más, las noches de miércoles y jueves, para definir la reforma que saldrá hacia el plenario donde votarán los 57 diputados.
"Para mí, es irrelevante cuál sea el texto base, porque ninguno de los dos será el definitivo. No se justifica la huelga ni nada de lo que está sucediendo hoy con la entrega de los cuerpos, porque nadie va a aprobar lo que está, como está", explicó Díaz.
Con una opinión más política, el frenteamplista Jorge Arguedas acusa al PUSC y al Movimiento Libertario de querer privatizar el Régimen de Pensiones del Poder Judicial y apunta que él insistirá en volver al plan gremial, porque dice que "con ese texto se comprometieron todas las fracciones y el expresidente de la Asamblea, candidato presidencial de un partido", Antonio Álvarez Desanti.
Arguedas asegura que es una "majadería" del PAC, Unidad y Libertario mantener el texto base actual, el de la Supén, pero niega que haya "majadería" de los empleados judiciales en regresar al de ellos. Además, se unió a las críticas de varios sindicatos contra el estudio de la UCR, porque dijo que no partió de una utilidad alta, sino de la más baja.
"Las recomendaciones técnicas están. Lo que pasa es que hay que combinar, no pueden ser todas, porque no podemos complacer a los neoliberales, que quieren enterrar ese proyecto", dijo Arguedas.
En sintonía con el criterio de que no se pueden aceptar todas las recomendaciones académicas, Sandra Piszk explicó que hay algunos puntos negociables. Entre ellos, considera que no se le puede elevar tanto la edad de pensión a los 1.800 policías judiciales o el tope a la pensión, que los empleados ponen en un nivel más alto que la UCR.
"También podría tratar de buscarse alguna fórmula para que quede muy claro que las pensiones mayormente afectadas son las de más de ¢4 millones", dijo la liberacionista.
Las llamadas del magistrado
A raíz de la molestia de los empleados judiciales, el magistrado Celso Gamboa, de la Sala III, llamó a varios de los diputados de la Comisión de Pensiones para sentarlos a negociar con los sindicatos y, así, que ellos vuelvan a labores.
Las llamadas las recibieron Johnny Leiva, Natalia Díaz y Franklin Corella. Marcela Guerrero solo vio la llamada perdida en su teléfono celular.
Leiva le dijo al magistrado Gamboa que ya tendrán un espacio más en la Comisión de Pensiones, el miércoles, para exponer su criterio públicamente junto con los representantes de la Corte Suprema de Justicia, sobre las recomendaciones que hizo la UCR.
Díaz remitió a Leiva y dijo que la huelga no se justifica. Corella sí acudió a una cita con Gamboa y el magistrado Luis Fernando Salazar, de la Sala Constitucional, con varios sindicalistas de la Corte.
Allí, el diputado del PAC se comprometió a impulsar que se volviera a la propuesta de reforma de los sindicatos judiciales, pero si todos los empleados levantaban la huelga. Ellos se negaron y le exigieron que la Comisión de Pensiones se reuniera ese viernes, o el sábado, para desechar el texto de la Supén.
No obstante, por cuestiones de técnica parlamentaria y porque el Congreso se fue a receso legislativo este lunes, para no trabajar en un día encajonado, los legisladores no volverán a verse hasta el este miércoles.
Incluso, Guerrero le había recomendado a Corella evitar esa cita, porque ya se recibiría a los sindicatos en una audiencia, en público. "Yo no voy a ir a ninguna reunión privada, porque luego salen diciendo cosas como las que dicen que dijo Corella, y que Celso (Gamboa) sacó en un tuit", comentó la oficialista.
Añadió que otro miembro de su fracción, de quien se reservó el nombre, la buscó para contactarla con algunos magistrados, para hablar de la reforma a las pensiones judiciales, pero que ella lo frenó y dijo que es la Comisión la que decidirá.
Por vía de Whatsapp, Gamboa respondió a La Nación que hizo esas llamadas como un "facilitador del diálogo" en representación de la Comisión de Enlace Corte-Gremios y que solo fue a raíz de la huelga que la Corte Suprema decidió intervenir.
"La idea era deponer el movimiento. La Corte ha sido clara en respetar los criterios actuariales. Tuve contacto con los diputados, pero al no deponerse la huelga los diputados ya no están conversando", comentó Gamboa, quien está fuera del país.
Gamboa reconoció que intentó consolidar un compromiso para que los legisladores volvieran al texto de los gremios y "a partir de ahí, con los productos actuariales de la UCR, se hicieran las modificaciones respectivas", pero que esa es una opinión personal y no de la Corte Plena.
"El diputado Corella estuvo conmigo el viernes, conversando con la dirigencia gremial y en aras de lograr la paz social y evitar el sufrimiento de las familias dolientes, aceptaba votar para regresar a ese texto (texto que en lo personal no comparto). Sin embargo, el colectivo gremial decidió que no era suficiente el compromiso de Corella y no aceptaron levantar la huelga", indicó el magistrado penal.