Los jefes de las fracciones del PAC, el Frente Amplio y el PUSC presentaron esta tarde un acuerdo para revivir la ley de reforma al Código Procesal Laboral.
El acuerdo incluye un nuevo proyecto de ley para aclarar qué son servicios básicos esenciales y para establecer que, en los entes públicos que los presten, se debe preparar un "plan de servicios mínimos" para que la huelga sea legal.
En el proyecto de ley, expediente número 19.306, se establece que servicios esenciales son los relacionados con la policía, agua y electricidad, así como los telefónicos, los de atención de emergencias, control de tráfico aéreo, atención en clínicas y hospitales y transporte de pacientes.
De igual forma, los diputados de los tres partidos consideran esenciales los estratégicos para el transporte, carga y descarga en muelles y atracaderos, cuando se trate de bienes de los cuales dependa la vida o salud de personas.
La jefa de la bancada de Acción Ciudadana (PAC), Emilia Molina, dijo que la ruta para poder levantar el veto que impuso la expresidenta Laura Chinchilla a la reforma procesal laboral para, primero, por la aprobación del nuevo proyecto.
Chinchilla impuso el veto a la reforma procesal laboral en octubre del 2012, al considerar que se permitía las huelgas sin control en los servicios esenciales.
Rafael Ortiz, jefe de bancada de la Unidad Social Cristiana (PUSC), indicó que el propósito principal del nuevo texto es la aclaración de los conceptos que no se tenían totalmente definidos.
El frenteamplista Gerardo Vargas enfatizó que la ley que vetó Chinchilla permitirá la agilización de los juicios laborales, al introducir la oralidad, y consolidará el derecho a la sindicalización de los trabajadores.
En el acuerdo no se incluyó al Partido Liberación Nacional (PLN), aunque Molina indicó que ya se le había entregado una copia del proyecto de ley y esperan consolidar el apoyo verdiblanco.