El diputado Otto Guevara, del Movimiento Libertario, tiene suficientes mociones para detener durante al menos un mes y medio la votación del proyecto de ley de Inspección Laboral en el plenario legislativo.
Se trata de la reforma que endurecería las sanciones a los patronos denunciados por incumplir derechos laborales. Permitiría, por ejemplo, que funcionarios de la Inspección Laboral del Ministerio de Trabajo impongan multas de manera directa a los empleadores, los cuales tendrían que apelar la sanción ante un Tribunal Administrativo que se crearía en esa cartera.
Según Guevara, el plan es abusivo, por lo que está dispuesto a adueñarse de los micrófonos todo el tiempo que le permite el Reglamento legislativo. Por haber presentado 104 mociones de reiteración, puede hablar 20 minutos por cada una (cinco para defenderla y 15 para pedir una revisión si la rechazan).
En total, el libertario podría hablar durante 34,6 horas. Para discutir proyectos de ley, el plenario sesiona solo dos horas por día, tres veces por semana. Es decir, sin interrupciones, Otto Guevara podría amarrar a los legisladores con una sola discusión durante poco más de un mes y medio.
La intención, afirmó, es forzar a que los impulsores del proyecto desistan de aprobarlo tal como está y acepten devolverlo a comisión, para hacerle cambios, aunque preferiría que el expediente legislativo sea sepultado definitivamente.
"La mejor opción es que el proyecto sea enviado a una comisión, para que sea redictaminado y eliminar todas las disposiciones abusivas. Para devolverlo a comisión, se requieren votos de la mitad más uno de los diputados presentes en el plenario", respondió Guevara ante consulta de La Nación.
De hecho, él promueve que varios grupos se pronuncien en contra de la iniciativa, principalmente aquellos que tienen interés en que no se apruebe.
"El proyecto tiene un montón de violaciones a la Constitución, como una desproporción de las sanciones, porque hay algunas absolutamente desproporcionadas, así como la violación al principio de intimidad de las empresas, porque se permitiría decomisar los libros donde hay información más alla de lo laboral, están las cuentas por pagar y por cobrar, las listas de proveedores, entre otros", comentó Guevara.
El libertario cree que, con esta reforma legal, se eliminaría el debido proceso para imponer sanciones a los patronos y se generará una mayor informalidad y desempleo en Costa Rica.
Este proyecto fue impulsado por la liberacionista Sandra Piszk y la frenteamplista Patricia Mora.
Mora aseguró que su partido insistirá en la iniciativa. "En el Frente Amplio consideramos que es medular fortalecer la inspección laboral", dijo.
La legisladora acusó a Guevara de beneficiar a los grandes empresarios y no a los "pequeños emprendimientos".
"Él habla de lo que la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep) y la Alianza Nacional Agropecuaria (ANA) le mandan a decir", dijo Mora.
Tanto la frenteamplista como el presidente del Congreso, Gonzalo Ramírez, reconocieron que al menos en dos o tres ocasiones se ha estado a punto de concretar una negociación para el avance de la iniciativa.
"Él (Guevara) dice que sí y luego ya dice que no. Es vergonzoso que suceda esto", dijo Mora. Según la frenteamplista, hay decenas de empresas extranjeras, sobre todo las de monocultivos, que en regiones como la caribeña explotan a los empleados y no les aseguran las condiciones mínimas de seguridad laboral, y que eso debe cambiar.
Reformas laborales
Entre las reformas al Código de Trabajo que introduce el proyecto de ley, y que generan mayor polémica, están las siguientes:
-Creación del Tribunal Administrativo de Inspección de Trabajo, como órgano de desconcentración máxima e independencia funcional.
-El inspector laboral podrá imponer las multas a los patronos que incurran en faltas laborales directamente y estas podrán ser recurridas por la vía administrativa, no judicial.
-El inspector podrá dictar órdenes de cumplimiento para garantizar que las condiciones de las relaciones laborales se ajusten a la normativa.
-Se establecen órdenes de ejecución inmediata, cuando se le ordene al patrono no insistir en una conducta, y de ejecución a plazo, cuando se le ordene hacer algo para cumplir con la normativa laboral.
-Se impone multa de hasta ¢9,8 millones al patrono que incumpla con el pago del salario mínimo.
-Si el patrono es reincidente en incumplir el salario mínimo, se ordena el cierre temporal de su negocio o empresa, por diez días.
-Se establecen faltas leves, graves y muy graves para efectos de multar comportamientos contrarios a la normativa laboral, de la siguiente forma:
-Faltas leves: no presentar comprobantes de pago de los empleados o las planillas completas; otras relacionadas con la falta de documentación.
-Faltas graves: infringir la normativa de higiene, seguridad y de salud para los empleados; contravenir la normativa migratoria y de extranjería; incumplir las prescripciones legales, reglamentarias o los instrumentos de derechos colectivos.
-Faltas muy graves: violar los fueros laborales; no pagar salarios o prestaciones a tiempo; no pagar el salario mínimo; incurrir en discriminación en las condiciones laborales.
-Las multas para las faltas leves oscilarían entre ¢426.200 y ¢2,9 millones; para las graves, entre ¢3,4 millones y ¢6,3 millones; mientras que para las muy graves, las multas irían de los ¢6,8 millones y los ¢9,8 millones.
Otra agenda
Según el jerarca legislativo, la opción para no esclavizar al plenario con esa discusión es la de buscar una agenda alterna, que tratará de concretar este jueves, en la reunión de los jefes de fracción.
"Vamos a ver qué amarramos, otra agenda, porque ya se ha intentado negociar entre ellos, pero todo se cayó", dijo Ramírez.
La negociación que originalmente hicieron Piszk, Mora y Guevara fue para que se aprobara el plan sobre la inspección laboral de la mano de otro proyecto, libertario, que intenta establecer el pago del seguro social por las horas reales laboradas, cosa que actualmente no permite la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Sin embargo, los diputados oficialistas promovieron una moción para devolver ese último proyecto a una comisión y, entonces, Guevara anunció que no permitirá la aprobación del plan sobre la inspección laboral.
"Yo les he hablado, pero Otto Guevara no suelta. Vamos a intentar hacer otra agenda y avanzar así, aunque sea a nadadito de perro", comentó Ramírez.