Los balazos de advertencia por parte de una banda de narcotraficantes lanzaron a un menor de 13 años, vecino de Desamparados, San José, a un albergue del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
El menor fue testigo de la actividad criminal del grupo y, como no contaba con el soporte de una familia para protegerse de posibles represalias, fue enviado a un refugio del PANI.
Como este niño, quedan a expensas del Patronato decenas de menores víctimas o testigos de delitos como trata de personas, tráfico ilegal de migrantes e incluso homicidios. Solo en relación con el caso del tráfico de personas, actualmente la institución alberga a 30 menores.
La situación de estos niños es objeto de polémica entre el PANI, el Poder Judicial y la Defensoría de los Habitantes.
El Patronato, por ejemplo, recrimina la falta de acompañamiento de otras instituciones para asegurar a esta población.
Entre tanto, la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Ministerio Público, acusa al PANI de intentar evadir esa responsabilidad.
Según Ana Teresa León, directora del PANI, el Poder Judicial les ordena acoger a estos niños en los albergues, pero, en muchos casos, les niega la asistencia de policías para protegerlos.
Bajo esas condiciones, los menores quedan únicamente al cuidado de las “tías” o encargadas de los albergues, modelo que la Defensoría considera necesario cambiar.
Las autoridades del Patronato alegan que lo mismo ocurre con los menores abandonados que requieren atención médica especializada, ya sea por adicción a drogas, problemas psiquiátricos o algún grado de discapacidad.
“El Poder Judicial cree que todo menor de edad que no tiene donde meter, hay que ubicarlo en el PANI. No podemos garantizar que no le pase nada a un niño en esta condición. Nos corresponde la protección de estos niños, pero en casos especiales requerimos el apoyo intensivo de otras autoridades”, expresó León.
Otro caso que reseña el Patronato es el de una niña china de 12 años, víctima de trata de personas, a quien se ordenó mantener en un albergue, aunque estaba bajo el sistema judicial de protección de víctimas.
La menor era explotada por una familia oriental en un abastecedor, al que fue llevada por una mafia. Trabajaba de 5 a. m. a la medianoche sin recibir pago y solo una taza de arroz al día.
“Logramos que se asignaran dos funcionarios para su protección, dado el alto grado de riesgo por ser testigo”, informó el Patronato, el cual se quejó de que esa asistencia fue temporal.
Esta entidad ha tenido que atender a víctimas de trata provenientes de Eritrea, Perú , China, Brasil, Ecuador y Nicaragua.
La barrera del idioma para eritreos y chinos complica su atención. El PANI contrata servicios de traductores para investigar su caso; sin embargo, por temor, los afectados no dan mayor detalle.
La institución cuenta con 72 psicólogos para atender a todos los menores que tiene a su cargo, que son cerca de 6.000, repartidos en albergues, organizaciones no gubernamentales y hogares.
Dar contención emocional es todo lo que pueden hacer estos profesionales, según dice Elizabeth Ballestero, una de las psicólogas de la entidad. En su criterio, los niños necesitan mucho más que eso. “A quienes han pasado por estos tipos de trauma se les debe dar un tratamiento especializado en psicología clínica que le corresponde a la Caja (Costarricense de Seguro Social). Hay muchos problemas de escasez de citas y algunos son atendidos mucho tiempo después”, explicó.
Responsabilidad legal. Las autoridades judiciales rechazan los argumentos del PANI y más bien acusan a la institución de no querer atender a estos niños.
La Oficina de Atención y Protección a la Víctima alega que no tiene un albergue para menores abandonados en peligro.
“La ley establece que el PANI debe asumir su protección cuando no tienen familia. Nosotros apoyamos la parte psicológica, e involucramos a trabajo social y hasta criminólogos que les brindan recomendaciones de protección”, explicó Sara Arce, jefa de esta oficina.
Para la funcionaria, lo que hay es mala comunicación e inadecuada articulación en el Estado .
“La razón del PANI es que los albergues no son una cárcel, que no tienen seguridad y que se pone en riesgo a otros niños. Aunque les mandáramos dos agentes, tampoco querrían a esos niños”, manifestó la funcionaria.
Arce recordó que en el caso del niño de Desamparados amenazado por una banda de narcotraficantes, tuvieron que recurrir a la Sala Constitucional para que el Patronato le diera atención.
Para la Defensoría, la atención de estos menores es responsabilidad legal del PANI, pero también de todo el Estado. Esa entidad cree necesario cambiar el modelo de las “tías”.
“Hay que dejar de ver los albergues como depósitos de niños y adolescentes, y asegurar que reciban las condiciones para un desarrollo integral. Se necesitan personas capacitadas para dar un abordaje distinto”, dijo la defensora, Montserrat Solano.