En la reciente reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en Costa Rica el presidente de El Salvador, Armando Calderón Sol, planteó, ante una pregunta, el tema de la posible despenalización y reglamentación del consumo de drogas. Su propuesta puede, a simple vista, parecer muy aventurada; sin embargo, no por ello esta cuestión pierde relevancia en el debate sobre la democracia.
Si hemos de defender el derecho a la información, consustancial con el sistema democrático, también hemos de salvar a nuestras democracias y nuestras sociedades de uno de sus más temibles enemigos: el narcotráfico y sus secuelas de adicción, corrupción y criminalidad. Por este poder avasallador y por la impotencia de los países democráticos en ganar esta batalla, en 1989, tras la caída del muro de Berlín, el G-7, el grupo de los países más industrializados del mundo, declaró a la droga el enemigo público número uno. Se eclipsó el comunismo y cayó el muro, sin que nadie lo previera, mas ¿colapsará el imperio de la droga? Los hechos demuestran que en este imperio de la producción, de la distribución, el consumo y el lavado de dinero, no se pone el sol.
La Organización Mundial de la Salud registró en 1989 unos 50 millones de consumidores de drogas y un negocio floreciente. En Estados Unidos se consume en un año cerca de $100 mil millones, el comercio mundial asciende a $500 mil millones, según lo expresó Javier Pérez de Cuéllar, a la sazón secretario general de la ONU, y, según la revista Newsweek, la mafia de la droga solo controla una mitad del mercado de Estados Unidos y Canadá. Actualmente, las organizaciones criminales de la droga dominan al este y al oeste, al norte y al sur. La globalización es incomparable y el sistema, como se ha dicho, tiene una perfecta coherencia. Las consecuencias son nefastas: la paulatina aniquilación del ser humano, la descomposición de las estructuras institucionales, políticas y sociales, la contaminación de la organización económica y financiera, y el entorpecimiento de un desarrollo económico y social sano. Debe tenerse en cuenta, por otra parte, que las utilidades de los grandes traficantes de América Latina y Asia representan solo el 10 por ciento del tráfico total. El mayor negocio está en los países consumidores.
La preocupación externada por el presidente Calderón de El Salvador tiene como antecedentes cifras y hechos inequívocos. Su propuesta parte de una comprobación: la guerra contra la droga ha sido hasta hoy un fracaso y cuanto más abundante es la producción más aumentan el consumo y las ganancias. Tiene, además, dentro de su "lógica" económica, el agravante de que mientras más éxito se tenga en el combate de los narcotraficantes, más subirá de precio la droga y más sentido tendrá, en los seres de mente criminal, tomar el riesgo de seguir o entrar en el negocio. Diversas comisiones gubernamentales han establecido, por ello, las siguientes conclusiones: la penalización de la droga no ha disminuido el número de consumidores y, más bien, el mercado se ha diversificado y tecnificado. En segundo lugar, la ilegalidad ha generado violencia y corrupción. En tercer lugar, la narcocracia se ha impuesto y, hasta hoy, en forma invencible.
En estas condiciones, se justifica al menos considerar un cambio de actitud y de estrategia en el combate internacional de las drogas, vistas la ineficacia de la prohibición y la represión contra la toxicomanía. Algún tipo de despenalización y regulación, que deben comenzar como iniciativa de los mayores países consumidores --especialmente Estados Unidos-- puede abrir el camino para neutralizar las tenebrosas mafias que dominan el negocio, para mejorar las condiciones sanitarias de los adictos y para abrir mayores posibilidades de tratamiento. Es urgente un plan global de acción innovador en sus objetivos y procedimientos. Si el fracaso hasta hora ha sido la tónica, la renovación debe imponerse. Y ha de comenzarse con un debate sereno y realista sobre las opciones que mejor concilien principios y realidades. Es en este contexto que la idea del presidente salvadoreño, expresada ya antes por otras personas en varios países --incluido Costa Rica-- no debe descartarse ad portas.