El Juzgado Penal archivó la causa contra el exdiputado de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Walter Céspedes, por el supuesto delito de tráfico de influencias, por pedir a un ministro puestos públicos para dos sobrinas y una conocida.
Por falta de pruebas y después de casi dos años de investigación, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, solicitó a ese Juzgado desestimar el caso.
Tal petición fue acogida el pasado lunes, según confirmó la oficina de prensa del Ministerio Público, en un correo electrónico.
La Fiscalía no logró probar que Céspedes envió el 22 de enero del 2013, un correo electrónico dirigido al entonces ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides, para pedirle el nombramiento de dos sobrinas en el Ministerio de Educación y el de una médica en el Ministerio de Salud.
A pesar, de que así lo reconoció el propio exlegislador en una entrevista concedida a este medio el 12 de febrero de ese mismo año, en la cual defendió la petición hecha a Benavides.
Las solicitudes fueron para nombrar a la médica Karla Rojas "en cualquier parte del país", y a sus sobrinas Jessica Céspedes como educadora y Hellen García como miscelánea.
Tras conocer la noticia de la desestimación, Céspedes alabó la decisión del Ministerio Público porque a su criterio ese caso "no tenía ni pies ni cabeza".
"Todo fue un show, querían callarme con esa investigación, por mi denuncia de corrupción en el Gobierno y porque en reiteradas ocasiones dije que el fiscal general, Jorge Chavarría, denunciaba mucho, pero no había resuelto nada, lo cual es cierto", expresó el exdiputado.
Su abogado, Belisario Solano agregó que era predecible que la Fiscalía decidiera archivar el caso: "este era el camino que le quedaba al Ministerio Público porque no había un solo elemento de prueba directa que incriminara a don Walter con una acción delictiva".
Como parte de la investigación, la Fiscalía realizó dos allanamientos, el primero a la oficina de Benavides y el segundo, en el despacho de Céspedes en la Asamblea Legislativa.
En ambas ocasiones se incautó las computados para rastrear el envió del correo electrónico; sin embargo, la del exlegislador no se pudo abrir, porque la Sala Tercera concluyó que la forma en que se incautó fue ilegal.