Los gremios de educadores y la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema) sacaron sus propias cifras para defender el proyecto que permitiría a un grupo de docentes salirse del régimen de pensiones del IVM, para regresar al Magisterio Nacional.
Según alegan, el proyecto de ley costaría una décima parte de lo que estima el Ministerio de Hacienda.
Según Gilberto Cascante, vocero del Foro de Presidentes y Secretarios Generales del Magisterio, el traslado de los docentes le demandaría al Gobierno ¢1.000 millones en cinco años, y no los montos que calculó Hacienda: entre ¢11.000 millones y ¢33.000 millones anuales, dependiendo de si se pasan entre 1.847 y 6.010 personas.
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El pasado miércoles, una comisión plena de la Asamblea Legislativa aprobó en primer debate un proyecto de ley que permitiría que un grupo de docentes se salga del régimen solidario del pensiones del IVM para regresar al del Magisterio Nacional, del cual se salieron en 1995. La condición para regresar es que hayan cotizado al menos durante 10 años ininterrumpidos para alguno de los sistemas de jubilaciones de educadores.
Al cambiarse, obtendrían ventajas como pensionarse unos años antes y con un monto mayor. Se librarían, por ejemplo, del tope de ¢1,5 millones que el IVM impone a las pensiones.
Además de las diferencias en el monto, Jupema calcula que los beneficiarios serían unas 1.179 personas y no los 1.847 que dice Hacienda en el mejor de los escenarios. Así lo estimó tras una "depuración" de la lista que excluye fallecidos y personas que ya están pensionadas, además de los que cuentan con el requisito de la continuidad de los 10 años de previa cotización al régimen del Magisterio.
El cálculo del pago de pensiones de Jupema se basa en un promedio de pensión de ¢750.000; sin embargo, datos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) revelan que el salario promedio de los posibles beneficiarios de la ley es de ¢1,9 millones y que casi el 80% gana más de ¢1 millón mensuales.
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Cascante negó que fueran salarios tan altos y aseguró que los que superan los ¢1,2 millones serían un 10% de los candidatos, aunque los datos de la CCSS se alejan de esa afirmación.
Se intentó contactar a Gilberto Cascante luego de que La Nación diera a conocer el promedio salarial de los posibles beneficiario; sin embargo, el vocero aseguró que no podría atender la llamada pues estaba en una reunión.
Esta mañana, en la conferencia de prensa luego del Consejo de Gobierno, el viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, recalcó el impacto que tendría en las finanzas públicas en momentos en que se le exige al Poder Ejecutivo contención del gasto por la crisis fiscal que enfrenta el país.