Un juez penal consideró que no hubo delito en el caso de los 10 estudiantes becados de la Universidad Creativa, quienes debían efectuar trabajos domésticos y misceláneos en las residencias de tres de los dueños, para ser exonerados de los pagos por la carrera.
Así lo informó Tatiana Vargas, vocera de la oficina de prensa de la Fiscalía, quien dijo que a la propietaria de la universidad, de apellido Madrigal, se le acusó del delito de trata de personas en la modalidad de explotación laboral.
“La Fiscalía presentó todas las pruebas y realizó la acusación. Una vez que el fiscal decide acusar, tiene que someter el expediente a un ‘examen’ de un juez penal de la etapa intermedia. Ese juez penal, después de varios meses de análisis, en lugar de darle apertura al juicio, como se pretendía, dictó un sobreseimiento por atipicidad. Consideró que la acusación de la Fiscalía no era un delito”, expresó Vargas.
Vargas explicó que la Fiscalía va a apelar ante un tribunal la decisión que adoptó el juez, cuya identidad no fue revelada.
También presentará un alegato por actividad procesal defectuosa, con el argumento de que el tiempo que tardó el juez penal en dictar la resolución fue excesivo.
Trabajaban 18 horas. El caso de los estudiantes de la Universidad Creativa fue revelado a mediados de enero del 2012 por Radio Reloj. La radioemisora denunció que 10 alumnos tenían que cumplir 18 horas semanales de trabajo en las casas de tres de los propietarios.
Gabriela Calvo, vocera de la ‘U’ Creativa, afirmó, en declaraciones brindadas a La Nación el 17 de enero del 2012 ,que de 107 becados solo 10 cumplían con dichas labores y que ellos firmaban un compromiso de asistencia estudiantil en que decían que no consideraban las tareas misceláneas peyorativas.
El 18 de enero del año pasado, el Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (Conesup) acordó que la Universidad Creativa debía de suspender la realización de oficios domésticos por parte de estudiantes becados.
La resolución señaló también que la casa de enseñanza debía abstenerse de cualquier tipo de represalia contra los estudiantes que plantearon la denuncia o formaban parte del grupo afectado.
El OIJ arrestó a Madrigal el 20 de junio del 2012 en su casa, en Sabanilla de Montes de Oca.