Limón. Presionada por la Contraloría General de la República, JAPDEVA comenzó a investigar el viernes pasado si Coopeutba --una de las ocho empresas estibadoras que operan en los muelles de Limón-- ha incurrido en uso ilegal de su concesión.
El inicio de la indagación fue anunciado por Victoria León, presidenta ejecutiva de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA).
Dicha funcionaria aseguró que Coopeutba tendrá que dar las explicaciones del caso, en aras de aclarar si es cierto o no que ha cedido parte de su autorización para funcionar al Sindicato de Trabajadores Portuarios y Ferrocarrileros Limonenses (STPFL).
Para ello, León aseguró que la cooperativa deberá presentar --en un plazo máximo de cinco días hábiles, a partir del viernes anterior-- planillas, facturas y otros documentos que demuestren la legalidad de las operaciones; así como las pruebas de descargo que se consideren pertinentes.
El otorgamiento parcial o total de una concesión de carga y descarga a un tercero, no aprobado por JAPDEVA, es sancionado con la revocatoria de dicha licencia; así consta en el artículo 21 del contrato de este servicio.
Basado en esa norma, José Gerardo Riba Bazo --director general de contratación administrativa, de la entidad contralora-- le advirtió, el miércoles pasado, a León acerca de la responsabilidad que tiene la Junta en cuanto a verificar la aparente irregularidad denunciada por las compañías Estiba, Cadesa, Coopeunitrap, Acosol y Rente Celulares.
De acuerdo con estas firmas, el STPFL --cuyo secretario ejecutivo es Timothy Scott-- presta servicios de estiba desde el 26 de octubre al amparo de la concesión otorgada a Coopeutba.
Ese sindicato limonense es también objeto de una indagación por parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), según informó en su edición de este sábado el periódico Al Día. La pesquisa, dice el diario, se suscita ante el supuesto uso irregular de fondos millonarios y el presunto enriquecimiento ilícito de sus dirigentes.
Niega cargos
La acusación de las cinco empresas estibadoras se basa en el presunto hecho de que el Sindicato atiende clientes, llama a las cuadrillas de estibadores a trabajar y paga salarios en una oficina ubicada aparte de las instalaciones de Coopeutba.
También se argumenta que el despacho en cuestión es atendido por reconocidos dirigentes gremiales limonenses; entre ellos, Carlos Luis Chacón.
Sin embargo, estas pruebas son calificadas de "débiles" por León. Expresa que en nuestro país es legal que una empresa abra sucursales y contrate a los funcionarios que desee.
Eso es, precisamente, según Chacón, lo que ocurre en este caso. Asevera que el local donde él labora es una extensión de la sede de Coopeutba, la cual se vio en la obligación de abrir otra oficina a raíz de la contratación de unos 600 estibadores que trabajaban para las compañías Estiba y Cadesa.
Sobre su contratación, Chacón preguntó: "¿No tengo derecho a trabajar donde me contraten?" Y agregó: "No es de extrañar que la dirigencia sindical de Limón ayude a Coopeutba. Nunca hemos ocultado nuestra alianza con esta empresa que en lugar de lucrar, vela por empleo y buenos salarios para los trabajadores."
Luego mostró la planilla de los obreros que administra y la boleta de un aviso de accidente reportado al Instituto Nacional de Seguros; en ambos documentos Coopeutba aparece como patrono.
Además, se le solicitó que enseñara copias de las facturas entregadas a los clientes, pero manifestó que en ese momento no tenía ninguna pues estaban en poder de la gerencia de Coopeutba.
La Nación intentó conversar con Rogelio Soto Molina --gerente de la consabida empresa-- sobre las posibles pruebas de descargo. No obstante, Ricardo León --presidente del consejo de administración-- afirmó que no era posible atender a la prensa debido a que las autoridades de Coopeutba se encontraban en carreras para conseguir el dinero que les hacía falta para terminar de pagar aguinaldos.