El hecho de que el “cliente” de la concesión a manos privadas de la cárcel de Pococí sea el propio Estado y no los particulares, motivó ayer a la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) a insistir en la anulación de ese polémico plan.
Así se lo solicitaron por escrito al mandatario Abel Pacheco, durante un encuentro para hablar del tema celebrado en el auditorio del Poder Judicial, en San José.
El Presidente ratificó su posición de que se debe esperar que sea la Sala IV la que determine si el plan es inconstitucional y garantizó que si así sucediera, el Gobierno desistiría del contrato.
En el acto, en que también participaron funcionarios de la Dirección General de Adaptación Social (que maneja las cárceles del país), Pacheco respondió varias preguntas de los servidores.
Contestaron otras inquietudes la vicepresidenta Lineth Saborío y los ministros de Hacienda, Jorge Bolaños y de Obras Públicas, Javier Chaves.
El gobierno anterior cedió a la firma estadounidense Management Trading Corporation (MTC), la construcción y operación de un nuevo centro penal en Pococí, Limón, cuyo costo ascendería a $72 millones (¢26.991 millones).
Legalidad
Albino Vargas, secretario general de ANEP, cuestionó el hecho de que el artículo 52 de la Ley de contratación administrativa establece que las licitaciones “con financiamiento” requieren de aprobación legislativa.
En su criterio, el caso de Pococí entra en ese tipo de licitación. Ello, por cuanto la Ley de concesión de obra pública no contempla ese tipo de proyectos en los cuales la carga de los pagos la debe asumir el Estado y no los particulares, como en el caso de las carreteras, que se pagan con el peaje.
Vargas expuso que esa misma ley señala que si hay algo no previsto en ella, los procedimientos se deben regir por la Ley de contratación administrativa .
Con esos argumentos, ANEP pidió que “se declare la nulidad absoluta del procedimiento de licitación de este contrato, y no se firme ni se licite una cárcel privada, hasta tanto no se cumpla con los requisitos establecidos en la ley”.
Al frente, el ministro Chaves insistió en explicar que este proceso no representa una licitación con empréstito, pues el país no tiene que buscar los préstamos sino que es el operador privado quien debe garantizarse el financiamiento, ya sea con fuentes que estén dentro o fuera del país.
Señaló que el Estado lo que pagaría es únicamente el servicio que le brindaría la empresa privada, en este caso por la construcción y la operación del presidio, que al final del contrato pasaría a manos públicas.