Representantes de las nueve personas fallecidas y de pasajeros de un bus y una moto lesionados el 17 de setiembre al ser empujados a un guindo por un deslizamiento en Cambronero, en San Ramón, iniciaron un acercamiento con autoridades del Gobierno a fin de que el Estado les indemnice por los daños psicológicos y físicos que sufrieron a causa de la tragedia.
De acuerdo con los abogados Boris Molina, Juan José Acuña y Javier Vargas, la intención es lograr un acuerdo conciliatorio con el Estado para evitar ir a un juicio que podría tardar años y sometería a los parientes a más daño psicológico. Indicaron que representan a los familiares de las nueve víctimas mortales y a 12 personas que resultaron heridas.
Tanto Molina como Vargas confirmaron el acercamiento con la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, y aseguran que ha habido “buena voluntad” para iniciar una negociación sobre cómo se resarcirá por el daño a las víctimas.
“Doña Natalia facilitó el acercamiento con el ministro de Transporte y estamos a la espera de que ellos, entre el Consejo de Transporte Público (CTP) y el ministro, nos definan cuál es el rumbo que ellos quieren que tomemos y si nos conviene, pues obviamente iremos de la mano con ellos”, dijo Molina.
Los abogados añadieron que, pese a esa intención, no se descarta que en caso de que dicha propuesta no sea satisfactoria, deban avanzar en un proceso penal.
“Yo creo que ellos están claros y ya han hecho públicas manifestaciones de que existe esa responsabilidad por parte del Estado. Entonces es cuestión de que lo aterricemos. Nosotros realmente no queremos desgastarnos en disputas judiciales cuando las familias están necesitadas”, añadió el abogado.
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La Nación envió consultas a los asesores de la ministra Natalia Díaz y el ministro Luis Amador para ahondar sobre los acercamientos y las posibilidades de conciliación, pero no se tuvo respuesta al cierre de esta edición.
De acuerdo con los abogados, además de las lesiones, entre los sobrevivientes hay muchas personas con daños psicológicos severos, así como menores que perdieron el principal proveedor, jefes de hogar que están incapacitados sin poder llevar sustento y otros esperando atención médica; por lo que todos esos daños deberán ser considerados.
Vargas, por su parte, aseguró que hay una disposición de las autoridades del Gobierno para acordar una cifra económica para las víctimas, aunque dijo que aún no pueden revelarse los montos estimados pues todavía deben concretar una reunión con dichos jerarcas.
“Es clarísima en este caso la responsabilidad civil objetiva por parte del Gobierno. Ellos, al hacer manifestaciones de querer conciliar, es porque están aceptando que efectivamente hay una responsabilidad y porque ya se tuvieron que haber reunido con los procuradores”, agregó Vargas.
Acuña insistió en que existe fundamento técnico que respalda la posición de que el Estado es responsable, pues se omitieron advertencias e informes que de previo señalaban el riesgo de transitar por esa zona en condiciones climáticas adversas. Incluso, agregó, existe el antecedente de que solo dos horas y media antes de que ocurriera la tragedia la vía estaba cerrada por otros deslizamientos y aún así se decidió habilitarla.
Además, a su criterio también existe un grado de responsabilidad de la Empresa Alfaro, pues esta pudo haber evitado que el autobús utilizara esa carretera sabiendo las condiciones en las que se encontraba.
En esa misma línea, Javier Vargas declaró a este medio que han procurado acercarse a la empresa, pero no ha habido respuestas positivas.
“Yo creo que con el que sí vamos a tener más problemas y vamos a tener que ir a activar el aparato judicial es contra la Empresa Alfaro. Ellos están defendiéndose e inclusive poniéndose como ofendidos, lo que es reprochable para nosotros”, dijo Vargas.
Al ser consultado sobre los eventuales acercamientos con las víctimas, el gerente de la autobusera, Germán Alfaro, manifestó que “por instrucciones de los abogados” no puede brindar declaraciones.
Pólizas se agotan
Boris Molina explicó que además del tema conciliatorio con el Estado también han tenido acercamientos con el Instituto Nacional de Seguros, para determinar cómo se va a proceder con las pólizas que cubren la atención de las víctimas que se encuentran hospitalizadas.
El problema es que dicho seguro solo cubre hasta ¢6 millones y en muchos casos este ya se agotó y aún hay personas a la espera de cirugías y atenciones especializadas.
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Por esta razón, también esperan que la empresa Alfaro active las pólizas voluntarias y así cubrir las necesidades de los afectados.
“Esas familias tienen necesidades que hay que resolver en este instante. Muchas de las personas, no solo las que murieron, sino las que están en este momento con lesiones, incapacitadas, son cabezas de familias. Entonces yo espero que a la mayor brevedad eso se pueda solucionar en una forma amigable con todas las partes y que la gente tenga la posibilidad de pasar la página también, porque esto trajo una serie de traumas a nivel psicológico”, indicó Molina.
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