Zona Norte . La incertidumbre de ser desalojados, atemoriza a los habitantes de los poblados cercanos a la frontera norte del país.
La inquietud la alimenta un estudio que efectúa el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA), a la luz de supuestas infracciones a la Ley Forestal en ese territorio.
Ese Tribunal analiza diez expedientes que podrían desembocar en el desahucio de 17.000 habitantes de la milla fronteriza norte, propiedad del Estado.
“Hablé con los abogados que llevan los casos y me indican que los expedientes se estudian por daño ambiental en la zona, así como cambio de uso de suelo de esos terrenos”, explicó Juan Luis Camacho, presidente del TAA.
Camacho aseguró que todavía no se ha emitido ninguna orden para el abandono de tierras.
Enfatizó en que, hasta no tener claridad sobre los casos, las personas que viven en la milla fronteriza pueden estar tranquilas porque no serán desalojadas.
Sin embargo, la posibilidad de que los saquen de los terrenos les cayó “como un balde de agua fría a los vecinos”, contó Dagoberto Brenes, del Comité Pro titulación de la Milla Fronteriza Norte.
Comentó que, hasta la fecha, el anhelo de todos los vecinos ha sido la titulación de esas tierras.
El representante comunal reclamó que esos terrenos han sido heredados por sus antepasados, quienes también los explotaban y habitaban.
Para exponer sus temores, un centenar de vecinos anunció que se movilizarán y manifestarán hoy frente a la Asamblea Legislativa. Esperan que los diputados atiendan sus inquietudes.
“Ojalá el gobierno nos permita dialogar, no vamos a entregar estas tierras que nos pertenecen, queremos conversar, esperemos que esta situación no llegue al derramamiento de sangre”, pidió Brenes..
La milla fronteriza, como es conocido, realmente es una franja de dos kilómetros de ancho a lo largo de la toda la frontera la cual por leyes creadas hace 30 años, se califica como territorio inalienable, igual que la llamada milla marítimo terrestre.
La Sala Constitucional, la Procuraduría y la Contraloría de la República han emitido criterios en contra ceder ese territorio. El sustento principal: seguridad nacional por tratarse de fronteras.
Preocupación. Lilian Alemán,propietaria de una pulpería, manifestó que su único deseo, y el de los vecinos, es obtener la titulación de las tierras donde han habitado por años.
“Tenemos muchos años de vivir aquí, son años de lucha por obtener los títulos de nuestras propiedades”, reprochó.
Añadió que un desalojo desaparecería por completo a la comunidad, donde hay escuelas, iglesia, puesto de Policía, salón comunal, locales comerciales y muchas viviendas. “Vamos a dar la lucha para que no nos quiten lo que nos pertenece”, advirtió.
Juan Rafael Salas, de Boca San Carlos, dijo que le han hecho ver a autoridades del Gobierno la afectación que podría provocar ese desalojo, desde el punto de vista social, comercial y turístico.
“Pareciera algo imposible, pero bueno, en este país cualquier cosa puede pasar. Aquí, por ejemplo si desalojan, desaparece el pueblo. Hemos tardado años en levantarlo como para que eso ocurra. Esta es una zona turística, también. Esperamos que el desalojo no se haga realidad”.
En estudio. Juan Luis Camacho, presidente del TAA,reiteró que no se ha emitido una resolución final que obligue a estas personas a salir del territorio.
Señaló que no podía ahondar en los detalles de los casos y las medidas cautelares interpuestas debido a que los expedientes aún están abiertos.
“Le puedo asegurar que el Tribunal no va a pedir un desalojo completo de la milla en una sola resolución”, dijo Camacho.
La franja fronteriza en disputa tiene una distancia de 360 kilómetros desde bahía Salinas en el Pacífico hasta la barra del Colorado, en el Caribe.