La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo presentado contra el ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador Jiménez, por no responder una solicitud de información realizada por oficiales de tránsito.
Se trata de un pedido de la Unión Nacional de Oficiales de Tránsito y Afines (Unaotraa) que requería conocer cuáles son las políticas gubernamentales en relación con la seguridad vial.
En el escrito remitido a Amador en diciembre del año pasado, la Unaotraa requirió información específica sobre la disponibilidad de recursos para garantizar eficientemente el servicio y prevenir accidentes de tránsito. También solicitó conocer las medidas adoptadas por el jerarca para mitigar la crisis de seguridad vial.
El 2023 cerró con la cifra de fallecidos en carretera más alta en 30 años: fueron 517 víctimas mortales en el sitio del percance.
De acuerdo con la sentencia del tribunal constitucional, Amador dijo que había trasladado la solicitud del sindicato al viceministro Carlos Ávila Arquin y a la directora del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), Cindy Coto Calvo, para que elaboraran un borrador de respuesta, el cual fue enviado finalmente al sindicato el 12 de febrero pasado.
Sin embargo, los magistrados concluyeron que la información proporcionada no aborda clara y concretamente ninguno de los puntos consultados por el gremio. No se detalló el plan solicitado y mucho menos se especificaron las medidas específicas actuales o vigentes para atender la problemática de seguridad en las calles.
Por esta razón, la Sala Constitucional dio la razón al sindicato y ordenó al ministro Amador proporcionar la información “concreta” solicitada en un plazo máximo de 10 días, contados a partir de la notificación de la sentencia.
Difíciles condiciones
Los oficiales de tránsito han denunciado repetidamente la escasez de personal y la insuficiencia de equipos con la que son enviados a las calles. Incluso, estudios de la propia Auditoría del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) han revelado condiciones deplorables en las sedes regionales de ese cuerpo policial.
A la situación se suma el retraso del Ministerio en el proceso de contratación para dotar de al menos 60 nuevas plazas a esa policía, que ha experimentado una disminución significativa en los últimos años debido a jubilaciones, renuncias y traslados.
La Policía de Tránsito está conformada actualmente por 665 oficiales, de los cuales un alto porcentaje trabaja en funciones administrativas y los restantes deben dividirse en tres turnos.