Ruta 1: Ampliación de cruce en Monumento al Agua y puente del Río Torres empezaría en 2025

Conavi reanudaría el diseño de las obras impostergables del proyecto de la ruta 1 en noviembre, luego de un año de parálisis

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Las llamadas obras impostergables del proyecto de ampliación de la ruta 1 (en el trayecto San José-San Ramón) serían retomadas en noviembre con la continuación de los diseños de dos obras del tramo La Uruca-San José, luego de un año de parálisis. En tanto, la construcción quedaría para el 2025.

Esta es la intención de la Unidad Ejecutora del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) que tiene a su cargo estas mejoras viales, las cuales quedaron suspendidas desde mediados del año pasado.

Según la unidad técnica, el diseño tiene un 96% de avance en los casos de la ampliación del intercambio del Monumento al Agua y del puente sobre el río Torres, en la autopista General Cañas. Los planos están en manos de un contratista.

Estos diseños forman parte del lote 2-A de las obras impostergables u Obis que, según anunció el Conavi, serían asumidas por la Administración en la fase de construcción.

La propuesta aprobada por el Consejo de Administración del Conavi es que los trabajos se ejecuten dentro del proyecto integral de la ampliación de la ruta (desde La Sabana hasta San Ramón), lo que significa que la etapa de construcción llegaría hasta el 2025, cuando se tiene previsto iniciar esa obra principal.

En tanto, el lote 2-B, que incluye la mejora y ampliación de las estaciones del peaje de Río Segundo y Naranjo, no tiene fecha prevista de inicio. Según la respuesta de la Unidad Ejecutora, actualmente se cuenta con una propuesta para la ejecución de las mejoras que se implementaría mediante un nuevo mecanismo, que no fue detallado.

Las restantes obras de los lotes 3 y 4 no tienen un cronograma de ejecución claro. Según el MOPT serán asumidas por el Conavi y el Programa de Infraestructura del Transporte.

Dentro de esos trabajos, se encuentran el intercambio El Coyol, el puente Juan Pablo II y los intercambios de San Ramón, Río Segundo, Grecia y Naranjo.

De acuerdo con la unidad ejecutora del Conavi, la ejecución de estas obras, así como las fases de diseño que tienen previsto iniciar a final de año, dependen de que la Contraloría General de la República avale una estrategia que actualmente está en proceso de elaboración.

Desde finales del año anterior, la Contraloría advirtió al MOPT sobre los riesgos de construir las obras impostergables sin tener una definición clara del proyecto integral, pues implicaría que eventualmente esas obras tendrán que ser modificadas para integrarse al tronco principal de la carretera, lo que ocasionaría mayores costos.

De las Obis pendientes de ejecutar, solo las del llamado lote 2-A cuentan con recursos asignados y tendrían un costo de $17,4 millones.

En marzo, el ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, dijo ante los diputados de la Comisión Legislativa de Alajuela que, para el lote 3 de obras impostergables, se requieren unos $16 millones.

Además, informó de que los restantes trabajos del lote 4 comenzarían en el 2024, con la fase de diseño, pero no detalló su costo.

En estudios

La Unidad Ejecutora añadió que adicionalmente se trabaja en al contratación de la optimización de los estudios y anteproyectos de la obra, que se está realizando mediante una cooperación del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Dicha revisión de los estudios que ya había entregado el Fideicomiso de la ruta 1, administrado por el Banco de Costa Rica (BCR), tiene un costo de $1 millón y, según indicó el Amador, la idea abaratar el costo de la obra y el impacto en las tarifas de peajes.

Además, se avanza en las gestiones de expropiación y viabilidades ambientales, tanto de las Obis como del proyecto integral.

En el Conavi, insisten que para realizar dichas obras no se requiere la firma de la adenda contractual entre el BCR y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), la cual aún no ha sido formalizada.

La intención del Ministerio es que el proyecto integral, cuyo costo estiman en $500 millones, se financie con un crédito que gestionará ante el BCIE una vez que cuente con los resultados de los nuevos estudios y que, según Amador, sería cubierto por los mismos peajes.

Los estudios de factibilidad entregados el año pasado por el Fideicomiso Ruta Uno indicaban que para financiar el proyecto de 55 km los usuarios de la carretera deberían desembolsar en peajes alrededor de ¢5.000 ida y vuelta.